Procuraduría General de la Nación presentó observaciones al informe de la Comisión de Evaluación del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes
• Procuraduría General de la Nación participó en audiencia pública sobre el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA) en el Congreso de la República.
• Ministerio Público insiste en que la intervención estatal en el SRPA debe hacerse desde el enfoque de derechos y no solamente de seguridad o de orden público.
La Procuraduría General de la Nación, a través de la Delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia y la Familia, participó en la audiencia pública que, por convocatoria de los congresistas Ángela María Robledo y Germán Navas Talero, analizó en el Congreso de la República la actual problemática del SRPA.
En desarrollo de la audiencia, el Ministerio Público planteó observaciones al informe que fue presentado por la Comisión de Evaluación del SRPA. La procuradora delegada Ilva Myriam Hoyos Castañeda reiteró la importancia de definir un ente rector para el Sistema, que debe encargarse de promover normas para la protección jurídica y el restablecimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes infractores de la ley penal, en coordinación con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), bajo los principios del interés superior, la protección integral y el enfoque diferencial.
Entre otros aspectos, señaló que es necesario coordinar las relaciones entre los poderes Ejecutivo y Judicial y los organismos de control, para el desarrollo y la consolidación de la política pública en materia de justicia, incluyendo a la justicia juvenil.
La delegada del Ministerio Público recordó que el cumplimiento de las sanciones en el SRPA se rige por principios y criterios establecidos en la Ley 1098 de 2006, por lo que es improcedente que esta temática se aloje en los asuntos penitenciarios y carcelarios de adultos. Señaló además que el restablecimiento de derechos no puede confundirse con la finalidad restaurativa del SRPA y con las finalidades pedagógicas, protectoras y educativas de las sanciones: “Debe darse un salto cualitativo hacia la protección integral para crear condiciones que permitan disminuir los riesgos de vulneración de derechos”, puntualizó.
De otra parte, recordó a la Fiscalía General de la Nación la necesidad de regular el principio de oportunidad en el SRPA, como lo ha hecho en relación con los adultos, y promover mayor aplicación de este principio como un mecanismo para que los adolescentes infractores tomen conciencia del daño ocasionado a su víctima y la reparen, más aún cuando el Código de Infancia y Adolescencia establece que su aplicación debe ser preferente.
Asimismo, propuso la incorporación a la legislación de infancia del derecho de remisión, en virtud del cual los fiscales podrían remitir a los adolescentes a un programa de orientación y formación, junto con sus padres y cuidadores, cuando incurran en delitos de menor gravedad, es decir, los que no tengan prevista pena privativa de la libertad, lo cual contribuiría a descongestionar el SRPA y promovería la corresponsabilidad de la familia. Adicionalmente señaló que, para cumplir con su finalidad restaurativa, es de la mayor importancia la existencia de jueces de ejecución de las sanciones especializados para este Sistema.
La procuradora delegada reiteró que no comparte la propuesta de que el Ministerio del Interior sea el ente rector del SRPA; de hecho se ratificó en las razones de su postura jurídica en torno a la conveniencia de que el Ministerio de Justicia y del Derecho asuma la rectoría del Sistema, considerando que este, como su nombre lo indica, tiene carácter judicial.
En relación con la resocialización y la rehabilitación de los adolescentes infractores, en especial, aquellos que presentan problemas de salud mental o consumo de sustancias psicoactivas, la delegada exhortó a los ministerios de Salud y de Educación Nacional a asumir cabalmente sus funciones y a dar continuidad al proceso educativo de los adolescentes en conflicto con la ley penal, de acuerdo a su edad y grado académico, de modo que la oferta estatal cubra al 100 % de esta población, con lo cual se disminuiría el índice de reiteración en la comisión de delitos.
Durante el evento se formularon denuncias sobre los problemas de drogadicción en los centros de resocialización para menores en Bogotá y Medellín, donde ya se han realizado visitas por parte de la Procuraduría General de la Nación. La delegada del Ministerio Público alertó al Gobierno Nacional por la ausencia de una política pública de atención a los niños, niñas y adolescentes que están cumpliendo sus sanciones en los centros de resocialización, al tiempo que reclamó para que las familias asuman también su responsabilidad en el proceso.