Procuraduría General de la Nación presentó reflexiones sobre licenciamiento ambiental en el país
• Ministerio Público plantea importancia de descentralizar y fortalecer el seguimiento a las licencias ambientales.
• Procuraduría sugiere mayor participación de entidades integrantes del Sistema Nacional Ambiental en el proceso de licenciamiento.
En el marco del Congreso Nacional de Derecho Ambiental que se realiza esta semana en la Universidad Externado de Colombia, la Procuraduría General de la Nación presentó algunas reflexiones sobre el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, señalando que el otorgamiento de las licencias debe ser el resultado de una rigurosa valoración técnica y científica, desde un ámbito interdisciplinario donde se incluyan también los aspectos sociales, económicos, culturales y étnicos.
El procurador delegado para Asuntos Ambientales y Agrarios, Óscar Darío Amaya Navas, planteó las inquietudes que le asisten al Ministerio Público en la materia, entre ellas el alto componente de discrecionalidad administrativa que se percibe en las exigencias para la preparación de los Estudios de Impacto Ambiental por parte de los responsables de las autoridades ambientales; la baja calidad y poca utilidad de los estudios ambientales elaborados para el otorgamiento de las licencias; la lentitud en el procesamiento de los trámites a cargo de las autoridades competentes, y la percepción de inseguridad jurídica en materia de trámites de licencias: sobre este aspecto señaló que hacen falta normas razonables, estables, previsibles, eficientes y equitativas, que disminuyan la discrecionalidad administrativa.
El funcionario también se refirió a la baja participación de los institutos de investigación del Sistema Nacional Ambiental en el proceso de evaluación del impacto ambiental de los proyectos, a la necesidad de una mayor orientación a la comunidad para una adecuada y garantista participación en los procesos de evaluación del impacto ambiental, y a la urgencia de revisar el actual modelo de seguimiento de los proyectos para incrementar la participación de las autoridades ambientales regionales, con modelos de transparencia, eficiencia y rigor científico.
Respecto de la importancia de la intervención de la comunidad que pudiese resultar afectada con el otorgamiento de las licencias ambientales, el procurador delegado señaló que el Ministerio del Interior debe afianzar su liderazgo en los procesos de consulta previa. Agregó además que es necesario articular la institucionalidad ambiental y no ambiental para apoyar la construcción de un modelo propio de desarrollo sostenible, que tenga la capacidad de construir esquemas para la superación de pobreza, contribuir a la disminución de las desigualdades y aportar al mejoramiento del nivel de vida de los colombianos.
El procurador Amaya Navas destacó los avances institucionales, como la creación de la Agencia Nacional de Minería, de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, del Servicio Geológico Nacional, y, especialmente, de la refundación del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Al respecto enfatizó que estos avances deben trasladarse al relacionamiento de las nuevas entidades con unas autoridades ambientales regionales fuertes, científicas y altamente profesionalizadas: “El crecimiento económico mostrado por el país en los últimos años, está demandando un Sistema Nacional Ambiental más fuerte en lo presupuestal y en lo científico”.
Señaló como positivo el que se hayan establecido elementos unificadores al interior de todas las autoridades competentes para otorgar o negar licencias ambientales, e indicó que es un deber de la autoridad ambiental, específicamente de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, hacer una revisión y actualización rigurosa y constante de los términos de referencia para la elaboración de los diagnósticos ambientales de alternativas y de los estudios de impacto ambiental.
Intervención del procurador delegado para Asuntos Ambientales y Agrarios