Procuraduría General de la Nación presenta observaciones sobre sistemas masivos de transporte al ministro de esa cartera
En atención a los inconvenientes presentados para la implementación de sistemas integrados de transporte masivo en el país y en virtud del acompañamiento preventivo que ha realizado la Procuraduría General de la Nación, especialmente a Metrolínea (Bucaramanga) y Transcaribe (Cartagena), el Ministerio Público presentó al ministro de Transporte, Jorge Eduardo Rojas Giraldo, algunas apreciaciones al respecto.
Indicó el órgano de control que en términos generales el estado actual de los diferentes proyectos demanda la intervención inmediata y decidida del Gobierno Nacional, recomendando la verificación y seguimiento estricto al estado actual, bajo la consideración de que la implementación de la política de transporte es tan importante como su formulación.
De otra parte, llama la atención que el sistema financiero tenga serias dudas frente a la financiación de los sistemas masivos de transporte y eso acarrea graves consecuencias para el cumplimiento de los entes gestores y la prestación adecuada del servicio.
En igual sentido, la Procuraduría le solicitó al ministro Rojas Giraldo que es necesario considerar en la agenda del Gobierno Nacional a los sistemas de transporte, el escenario de un plan estratégico que permita contar con el apoyo de diferentes actores para lograr superar la mala imagen que tienen y, como consecuencia de ello, la respuesta de los actores frente al cumplimiento de las obligaciones propias.
Las observaciones presentadas a través de la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública señalaron de manera particular sobre Transcaribe, que presenta moras y falencias en la implementación del mismo. La ciudadanía exige que cumpla con los parámetros indicados en los contratos suscritos para tal fin.
Así mismo, se recomendó el seguimiento a la decisión sobre la prestación directa del servicio, aspecto que fue asumido por el ente gestor dada la ausencia de interés de particulares en la prestación del servicio.
De otra parte, sobre Metrolínea, sistema de Bucaramanga y su Área Metropolitana, es identificado como uno de los que presenta mayores dificultades actualmente, en torno a la exigibilidad y seguimiento a los contratos de concesión suscritos para la prestación del servicio. La infraestructura que demanda la implementación del sistema en esa región se encuentra en estado de indefinición, contando con un laudo arbitral en contra que condenó al ente gestor al pago de cerca de 170.000 millones de pesos.
También sobre el Metrocali o Sistema Masivo Integrado de Occidente (MIO de Cali), el cual dio por terminado de manera anticipada su contrato con la empresa Unimetro en aplicación a la cláusula sobre la calidad del servicio del concesionario de operación con estándares por debajo de los admisibles, en forma sostenida y prolongada en el tiempo, causando con ello consecuencias propias de la terminación prematura de la relación contractual.
Finalmente, la Procuraduría General de la Nación dejó claro que la actuación preventiva se realiza conforme al artículo 24 de la ley 262 de 2000, y es selectiva, por ello establecieron criterios institucionales para definir su pertinencia, como lo son: la gravedad de los hechos, cuantía del proceso de selección o contrato, naturaleza del contrato o proceso de selección e impacto en la sociedad de los fines perseguidos por la contratación.