Procuraduría General de la Nación presidió primera reunión del año de la Comisión Nacional de Seguimiento y Monitoreo a la Implementación de la Ley de Víctimas
• El próximo informe incluirá análisis puntuales de aspectos como el modelo de atención y asistencia, las medidas de reparación integral, la participación efectiva de las víctimas frente al modelo de corresponsabilidad, el presupuesto y los compromisos territoriales.
Presidida por la Procuraduría General de la Nación, esta semana se llevó a cabo la primera reunión del año de la Comisión Nacional de Seguimiento y Monitoreo a la Implementación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras (Ley 1448 de 2011), durante la cual se definió la estructura que tendrá el informe correspondiente al periodo 2015-2016.
Los miembros de la comisión acordaron que se verificarán puntualmente los avances del modelo de atención y asistencia, así como de la reparación integral respecto de las medidas de restitución de tierras, vivienda, generación de ingresos, indemnizaciones y prevención y protección.
Asimismo, la comisión considera relevante analizar los avances en materia de participación efectiva de las víctimas, y en el informe se evaluará este aspecto frente al “modelo de corresponsabilidad”. Al respecto cabe precisar que en el Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas (SNARIV) hay funciones de las cuales son titulares las entidades territoriales; dado que en varias oportunidades los municipios y departamentos han argumentado limitaciones técnicas o presupuestales para el cumplimiento de tales obligaciones, se expidió el Decreto 2460 de 2015 que establece un modelo para hacer corresponsables, en casos específicos, a las entidades del orden departamental o nacional (según el caso) para la ejecución de las respectivas funciones.
Finalmente la comisión incluirá en el informe un detallado análisis tanto del presupuesto ejecutado hasta la fecha en la implementación de la ley, como del cumplimiento de los compromisos que previamente se habían suscrito por parte de las entidades territoriales.
La Comisión Nacional de Seguimiento y Monitoreo a la Implementación de la citada ley, conformada por la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría General de la República y tres representantes de las víctimas, promueve la consolidación de compromisos de la institucionalidad frente a la comunidad víctima y verifica su cumplimiento, sin perjuicio de las acciones e intervenciones que en ámbito de sus competencias puedan ejercer los organismos de control que la conforman.