Procuraduría General de la Nación realizó encuentro con 23 personeros de los municipios del oriente antioqueño y la Unidad de Víctimas en El Peñol (Antioquia)
• El órgano de control realizó el tercer encuentro de la Subcomisión del Ministerio Público para la Justicia Transicional.
La Procuraduría General de la Nación, a través de la Provincial de Rionegro, realizó el tercer encuentro de la Subcomisión del Ministerio Público para la Justicia Transicional en el municipio de El Peñol (Antioquia), con el objetivo de abordar el papel que tienen los personeros de la región frente a la Ley de Justicia Transicional y la responsabilidad que tienen con las víctimas en el proceso de socialización del Acuerdo Final entre el Gobierno y las FARC.
En la reunión, los personeros expusieron ante los representantes de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV) las dificultades que se presentan en sus municipios, entre las cuales se mencionaron: el proceso de ayudas humanitarias, la priorización de indemnizaciones y constancias de desplazados, contenido de los actos administrativos, la comunicación entre personeros y la Unidad, la protección de las indemnizaciones y las mesas de participación.
Durante el encuentro, que contó con la participación de 23 personeros del oriente antioqueño, el director de la UARIV en Antioquia, Jorge Mario Álzate Maldonado, y el coordinador de Reparación Individual, Javier Aguilar, se logró la socialización de la Ruta Integral actual con sus diferentes medidas para que los miembros del Ministerio Público tuvieran una idea clara sobre este proceso.
Finalmente, los representantes de la Unidad de Víctimas dieron respuesta a cada uno de los interrogantes con algunas soluciones, por ejemplo, aumentar la pedagogía por medio de emisoras comunitarias sobre este tema, desarrollar propuestas de socialización con la comunidad, resaltando el fortalecimiento de la acción preventiva para dar oportuna y eficaz respuesta a los derechos de petición de los ciudadanos y frente a lo relativo con la acción de tutela como mecanismo de protección de derechos.
Además, se propuso generar estrategias de comunicación entre los personeros y la Unidad de Víctimas que faciliten la respuesta efectiva a la comunidad.