Procuraduría General de la Nación realizó mesa de trabajo con las juntas administradoras locales de Bogotá
Con la presencia del procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, se realizó la mesa de trabajo denominada “Funcionamiento y retos de la institucionalidad con los ediles de Bogotá”, evento al que asistieron representantes de las juntas administradoras locales (JAL) de las 20 localidades del Distrito Capital, de la Fundación alemana Hanns Seidel y del Ministerio Público.
Allí, ediles de Bogotá le expusieron al procurador general las principales dificultades y obstáculos que tienen para el cumplimiento pleno de sus funciones legales, así como los problemas de articulación institucional que han vivido. También compartieron algunas experiencias con el propósito de que estas sean tenidas en cuenta en beneficio de la labor que realizan en sus comunidades.
En su intervención, el jefe del Ministerio Público manifestó: “somos conscientes de las limitaciones que tienen las JAL para cumplir su mandato legal y ciudadano. Seguramente algunas de estas son compartidas con el conjunto de instituciones del Estado en todos sus niveles”.
“Si bien es cierto ni a ustedes ni a mí nos corresponde hacer correctivos de la administración, si nos corresponde desde la institucionalidad evaluar políticas públicas y aspectos que tienen que ver con los entes para hacer recomendaciones a quienes sea necesario y que estos hagan las adecuaciones de acuerdo a las necesidades de los ciudadanos, para cumplir mejor las competencias que tenemos”, aseguró el jefe del Ministerio Público.
Finalmente entregó un mensaje de respaldo y acompañamiento a los asistentes: “creemos en el potencial que tienen las JAL como órganos deliberativos y de vigilancia en las localidades, a ello se atribuye la realización de este encuentro”.
Por último, se concluyó que los líderes de las JAL de la capital de la República, como representantes de la comunidad, cuentan con el apoyo institucional del ente de control, mediador, articulador y promotor para el cumplimiento de las funciones que la ley les ha atribuido.