Procuraduría General de la Nación realizó recomendaciones preventivas sobre el contrato de obra de la Vía de la Prosperidad
A solicitud de las partes, la procuraduría General de la Nación lideró una reunión con la Gobernación de Magdalena, el Instituto Nacional de Vías (Invías), contratistas e interventoría del contrato de la Vía de la Prosperidad, con el propósito de conocer los avances y detalles en la ejecución del mismo.
En dicha reunión, luego de escuchar atentamente los diferentes intervinientes en el contrato de obra y conocer los avances e inconvenientes que han tenido, la viceprocuradora general de la Nación, Martha Isabel Castañeda Curvelo, junto con la procuradora delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública, Fanny María González Velasco, realizaron algunas sugerencias y recomendaciones al respecto, en cumplimiento de la función preventiva de la entidad, enmarcada en la Constitución Política y el artículo 24 del decreto 262 de 2000.
Algunas de ellas señalan que cualquier decisión que tomen respecto al contrato deben tener las justificaciones correspondientes desde los puntos de vista técnico, financiero y jurídico; concretar las licencias ambientales que no estuvieron en los diseños iniciales, porque la obra contratada se trató de mejoramiento de la vía y no de construcción de una nueva; y esperar que se tengan los nuevos diseños para revisar en detalle los diferentes aspectos susceptibles de modificaciones.
De igual forma, frente a los aparentes retrasos de las obras, la doctora Castañeda Curvelo indicó que “los contratistas todavía no pueden afirmar que no van cumplir con el contrato en las fechas estipuladas, aún no se puede definir si los recursos alcanzarán o no, ya que hasta ahora están en ejecución algunos kilómetros, y no se puede prever si los recursos son suficientes o no”.
Finalmente, la viceprocuradora aclaró que desde el Ministerio Público se va a continuar con el seguimiento a la ejecución de este contrato con el propósito de vigilar el cumplimiento del ordenamiento jurídico y salvaguardar el patrimonio e interés público.