Procuraduría General de la Nación realizó visita de carácter preventivo para conocer sobre la problemática de la explotación minera en Colombia
• De 7.268 solicitudes de contratos de concesión, se han concedido sólo el 2,07%
• Procuraduría busca promover la legalidad de la explotación minera en Colombia.
El procurador general de la Nación, a través de la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública, comisionó al Grupo Asesor de Minería, Hidrocarburos y Regalías para determinar el cumplimiento de las normas constitucionales y legales en los procesos de organización, empalme y puesta en marcha de la Agencia Nacional de Minería.
En cumplimiento de dicha labor, se llevó a cabo en el Servicio Geológico Nacional, antes Instituto Colombiano de Geología y Minería (Ingeominas), una diligencia preventiva para verificar en primer lugar la forma cómo se viene desarrollando el Plan de Descongestión en el empalme que deberá realizar Ingeominas con la ya creada Agencia Nacional de Minería (ANM). El segundo objetivo fue indagar sobre el estado actual de los trámites administrativos de solicitud de legalización, de propuestas de concesión minera y de las solicitudes de licencias de autorización temporal.
Los hallazgos observados de forma preliminar están relacionados en su gran mayoría con los trámites rechazados o devueltos por Ingeominas a los usuarios. En efecto, al 10 de enero del presente año se encuentran presentadas 9.925 solicitudes de legalización minera, de las cuales se han rechazado 5.688.
Por otra parte, se encuentran vigentes 7.268 solicitudes de propuestas de contratos de concesión minera, de las cuales 103 cuentan con resolución de otorgamiento y 102 de autorizaciones temporales, es decir, solamente el 2,07% de las solicitudes fueron concedidas.
El Ministerio Público manifiesta que de esta forma se está dificultando la legalización y se actúa contrario a lo propuesto por el Gobierno Nacional desde inicios del 2011, cuando el presidente Juan Manuel Santos lanzó su programa conocido como “locomotora minera”, enfocada a estimular la legalización de miles de mineros y a disminuir los problemas ambientales y sociales que puede generar esta actividad clandestina.
En defensa del orden jurídico y las garantías constitucionales de los ciudadanos, el Grupo Asesor continuará adelantando todas las labores necesarias conforme a al Ley para verificar que el proceso de empalme se realice bajo los procedimientos legales.