Procuraduría General de la Nación realiza actividades preventivas para verificar contratación realizada por la Gobernación del departamento de Boyacá
• La actuación preventiva va encaminada a realizar diligencias que permitan verificar la existencia de posibles irregularidades en contratación.
En ejercicio de sus facultades preventivas, la Procuraduría General de la Nación, a través de la Regional Boyacá, inicio actividades preventivas tendientes a verificar la existencia de posibles irregularidades de contratación en la Gobernación del departamento de Boyacá.
El ente de control tomó esta decisión en cumplimiento de las normas que rigen la función preventiva y del informe remitido por la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, además de atender las diversas expresiones de inconformidad de la ciudadanía ante la existencia de un alto número de procesos contractuales adelantados por la actual administración de la Gobernación de Boyacá, en los cuales solamente resulta habilitado un proponente.
En este sentido, dispuso adelantar la actuación preventiva encaminada a realizar diligencias que permitan verificar la existencia de posibles irregularidades de connotación disciplinaria, ante la posible afectación de la selección objetiva y los principios que rigen la contratación estatal.
Del resultado de estas actuaciones, el despacho liderado por la procuradora regional de Boyacá, Adela Luz Ramirez Castaño, elaborará el informe correspondiente ante la Procuraduría Delegada para la Contratación Pública, la Procuraduría Delegada para la Vigilancia de la Función Pública y la Procuraduría Delegada para la Descentralización y las Entidades Territoriales, así como a la Secretaría de la Presidencia y en caso de ser procedente, también se ordenará adelantar las actuaciones disciplinarias correspondientes.
El ente de control aclaró que la actuación preventiva es considerada como fundamental al interior de la misión de la Procuraduría General de la Nación, pero en ningún momento trata de limitar, impedir u obstaculizar la actuación de las autoridades territoriales y tampoco se adelanta como una forma de coadministración; por lo tanto, las actuaciones y decisiones de los entes vigilados deberán seguir siendo autónomas.