Procuraduría General de la Nación realiza seguimiento a compromisos de autoridades competentes para la protección de los bienes de uso público del municipio de Tubará (Atlántico)

 

 

El director territorial Atlántico del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) informó que esa entidad actualizó las cabidas y linderos costumbristas del citado predio, haciendo para ello uso de documentos cartográficos antiguos. Dicha actualización permite calcular el área del mismo en 20.496 hectáreas. El predio comprende, además del municipio de Tubará, partes del Distrito de Barranquilla y de los municipios de Puerto Colombia, Galapa, Baranoa y Juan de Acosta. El funcionario señaló adicionalmente la importancia de estudiar los predios que eventualmente hayan sido adjudicados por el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder) y que se encuentren dentro del perímetro del Folio de Matrícula Inmobiliaria antes mencionado.

 

 

Plano del predio identificado con el Folio de Matrícula Inmobiliaria 040-62887

 

 

Indicó asimismo que en el municipio de Tubará también existen predios de la Nación (playas), que son bienes de uso público y deben ser protegidos, para lo cual se está procediendo a su inscripción ante la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, como es el caso de la zona de playa de Puerto Velero I.

 

 

Imagen: Zona de Puerto Velero I

 

 

Al respecto la procuradora judicial ambiental y agraria de Barranquilla, Maritza Pérez Mejía, advirtió que algunos bienes de la Nación podrían estar en manos de particulares, frente a lo cual es procedente adelantar los respectivos procesos de restitución. Anotó asimismo que sobre los bienes de uso público no deben existir amparos policivos.

 

Por su parte, la directora territorial Atlántico (e) del Incoder aseguró que legalmente no existen concesiones de bienes baldíos o privados, sino que éstas se dan sobre los bienes de uso público por parte de la Capitanía de Puerto, y enfatizó que, en caso de identificar bienes de uso público rurales que fueron adjudicados por una entidad distinta al Incoder, los respectivos actos de adjudicación deben ser objeto de revocatoria.

 

La juez municipal de Tubará dio cuenta de las múltiples dificultades registradas en su despacho por esta problemática, refiriéndose concretamente a las acciones de tutela que ha resuelto con relación a este tema. 

 

De otra parte, el asesor jurídico de la Capitanía de Puerto de Barranquilla aseguró que existen zonas de playa y bajamar ubicadas en Tubará sobre las cuales algunos particulares impiden el acceso a la Capitanía, circunstancia ante la cual resulta fundamental contar con el apoyo de la Alcaldía Municipal, y en este sentido le solicitó a este organismo de control requerir al municipio para que informe acerca del trámite dado a las solicitudes de restitución efectuadas desde la Capitanía de Puerto.

 

 

Los representantes de las entidades que asistieron a la reunión establecieron, de manera concertada, compromisos como la realización de una visita a algunas de las zonas de playa y bajamar ubicadas en jurisdicción del municipio de Tubará, con el objeto de conocer directamente los hechos puestos de manifiesto dentro de la actuación preventiva de la Procuraduría Regional del Atlántico.

 

Asimismo, se acordó proceder a la instalación de una mesa de trabajo interinstitucional integrada por el IGAC, el Incoder, la Capitanía de Puerto de Barranquilla y la Superintendencia de Notariado y Registro, que tendrá por objeto el intercambio permanente de información. El IGAC y la Superintendencia le solicitarán formalmente al Incoder que les habilite el acceso a algunos de sus sistemas de información. Por su parte la Capitanía de Puerto de Barranquilla suministrará al IGAC información relativa a la línea de playa del departamento del Atlántico.

 

La Capitanía de Puerto de Barranquilla convino en suministrar a la Procuraduría Regional del Atlántico el estudio de jurisdicción correspondiente a las playas de Puerto Velero y Puerto Caimán.

 

El Ministerio Público realizará un seguimiento detallado al cumplimiento de estos y los demás compromisos adquiridos, oficiará a la Alcaldía de Tubará para solicitar el envío de un informe acerca de las actuaciones administrativas desplegadas por dicho ente territorial, como resultado de las solicitudes de restitución efectuadas desde la Capitanía de Puerto de Barranquilla; y oficiará a las entidades que no comparecieron a la reunión, entre ellas a la Alcaldía de Tubará, con la finalidad de ponerles de presente la obligatoriedad de atender este tipo de llamados, la relevancia de los temas tratados, así como las consecuencias disciplinarias derivadas de su inasistencia.