Procuraduría General de la Nación realizará seguimiento al plan de acción propuesto para asegurarles educación a los adolescentes en conflicto con la ley penal

 

Durante el Consejo de Política Criminal, que se llevó a cabo el pasado 15 de julio, la ministra María Fernanda Campo Saavedra indicó que, a través de la expedición de un decreto, se busca asegurarle a esta población el derecho a la educación. Este organismo de control se propone hacer seguimiento a los compromisos y las responsabilidades específicas que adquiriría el Ministerio en el anunciado acto administrativo, en favor de los adolescentes en conflicto con la Ley Penal que permanecen en las Unidades de Servicio durante la ejecución de las medidas y/o las sanciones, para que los educadores se desplacen a estos establecimientos con el fin de impartir las respectivas clases que les permitirían completar el ciclo educativo que requieran.

 

Asimismo, se hará seguimiento a los compromisos en favor de los adolescentes que ya han cumplido las sanciones en el marco del SRPA, en el sentido de garantizar la educación para el trabajo, de manera que cuenten con posibilidades reales de ingresar en el futuro al sector productivo. La ministra expresó que se desarrollará un modelo de educación flexible y especial para los menores de edad en conflicto con la ley penal.

 

 

A instancias de la Procuraduría Delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia y la Familia, se instaló el pasado 29 de mayo la Mesa del Proceso de Restablecimiento de Derechos (PARD), que concita la participación de los principales operadores del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes, con el propósito de revisar el marco normativo sobre la materia y plantear ajustes o reformas que aseguren la protección integral de los adolescentes en conflicto con la ley penal.

 

De otra parte, en las ciudades de Bogotá y Cali se han adelantado recientes audiencias públicas sobre el SRPA. La de la capital del país se llevó a cabo el pasado 6 de mayo y contó con la asistencia del alcalde mayor Gustavo Petro y de los principales integrantes de este Sistema en el Distrito Capital, con quienes se estableció un plan de choque dirigido a superar la crisis por la cual atravesaba el Sistema en ese momento. 

 

Asimismo, la procuradora delegada Ilva Myriam Hoyos Castañeda presidió en la ciudad de Cali, el pasado 9 de julio, la audiencia pública con las autoridades del Valle del Cauca concernientes al SRPA, jornada en la que se analizó particularmente su labor con ocasión del fallo de tutela 163 del 19 de octubre de 2010, proferido por el Juzgado 19 Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Cali, que ordenó actuaciones específicas al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), a la Gobernación del Valle del Cauca y la Alcaldía de Cali frente a la crisis del SRPA.

 

Respecto del Consejo de Política Criminal, ante las reiteradas solicitudes de la procuradora delegada, el pasado 15 de julio se abordó en esta instancia la problemática del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes. La funcionaria manifestó su inquietud frente a la propuesta de un decreto para la creación de un Sistema Nacional de Coordinación para el SRPA, pues en su criterio las funciones de coordinación recaen claramente en el Ministerio de Justicia y del Derecho, en virtud de lo establecido en el Decreto 2897 de 2011.

 

Las observaciones a esta propuesta regulativa estuvieron relacionadas con la confusión que se advierte entre la finalidad restaurativa del SRPA y las finalidades del restablecimiento de derechos de los adolescentes en conflicto con la Ley Penal; con los recursos y la forma de su apropiación para el funcionamiento del Sistema Nacional de Coordinación; con la conformación de un sistema de información unificado; con el funcionamiento de las Mesas Técnicas a nivel seccional, y con el carácter vinculante de las decisiones que se adoptarían en este Sistema de Coordinación, entre otros. 

 

De otra parte, la Procuradora Delegada asistió el pasado 16 de julio a la audiencia pública “Jóvenes Infractores en Colombia, ¿La vida como castigo?”, que se llevó a cabo en el Congreso de la República, donde expuso el balance del Ministerio Público respecto de las recomendaciones formuladas en diciembre de 2012 a las entidades integrantes del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes para optimizar su estructura y funcionamiento. 

 

Finalmente, en el marco del proyecto estratégico “verificación de las recomendaciones de la Procuraduría General de la Nación a las autoridades del nivel nacional y de Bogotá D.C., responsables del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes”, se elabora actualmente el segundo informe de vigilancia superior al SRPA, que comprende los periodos  2012 y 2013, para lo cual se formularon requerimientos a las entidades con competencia en la materia y se han adelantado visitas a las Unidades de Servicio para Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal, donde esta población cumple las medidas y sanciones privativas y no privativas de la libertad.