Procuraduría General de la Nación reanudará audiencia pública en proceso contra directivos de Saludcoop
• La audiencia pública se reanudará el próximo martes 9 de octubre de 2012.
• Al proceso se encuentran vinculados directivos y miembros del consejo directivo de Saludcoop, en su condición de particulares que administran recursos públicos.
A las 9 de la mañana del próximo martes 9 de octubre se reanudará el desarrollo de la audiencia pública que adelanta la Procuraduría General de la Nación al cuerpo directivo y miembros del Consejo Directivo de Saludcoop, para que respondan por posibles irregularidades derivadas al desatender las instrucciones que debían observar en la formulación de recobros y por probablemente apropiarse de recursos públicos en provecho propio.
Así lo dispuso el procurador segundo delegado para la Vigilancia Administrativa, Fernando Brito Ruiz, quien escuchará en alegatos de conclusión a los señores Carlos Augusto Palacino Antía, en su condición de representante legal; Carolina Lamus, en su condición de vicepresidenta administrativa y miembro de la junta administradora de Epsifarma; y Javier Mauricio Sabogal Jaramillo, vicepresidente financiero, representante legal suplente y apoderado general de Saludcoop.
Así mismo, los miembros principales del Consejo de Administración para el período comprendido entre el 2009 y el 2011, Alberto Castro Cantillo, José Enrique Corrales Enciso, Jaime Chávez Suárez, Claudia López Ochoa, Rene Cavanzo Alzugarate, Gabriel Franco Espinosa y Ana María Piñeros Ricardo.
Para el Ministerio Público, en la medida en que Saludcoop tiene a su cargo el manejo de recursos del sistema de seguridad social, que de acuerdo con pronunciamiento de la Corte Constitucional son rentas de naturaleza parafiscal que comportan contribuciones obligatorias de naturaleza pública, a los investigados les cabe responsabilidad disciplinaria por los hechos irregulares que se demuestren durante el proceso.
De acuerdo con las pruebas recaudadas en la investigación, los acusados, al parecer, incurrieron en faltas gravísimas al realizar recobros al Fosyga por medicamentos, servicios médicos o prestaciones excepcionales en salud, no POS y fallos de tutela, utilizando como soporte del pago cheques girados, los cuales, según la auditoria forense, no fueron entregados a sus beneficiarios.