Procuraduría General de la Nación rechaza negativa de las FARC a reconocer crímenes de guerra, genocidio y delitos de lesa humanidad

 

Ante recientes declaraciones de cabecillas del grupo terrorista y narcotraficante FARC, en la que esta organización desconoce su responsabilidad histórica frente a crímenes de guerra, delitos de lesa humanidad y genocidios en Colombia, la Procuraduría General de la Nación, en ejercicio de su mandato constitucional y como representante de la sociedad y garante de los derechos de las víctimas del conflicto, reitera la necesidad de que este grupo delincuencial reconozca y asuma plenamente su condición de victimario para dar legitimidad y soporte jurídico nacional e internacional a eventuales acuerdos que se alcancen en el proceso de paz que en la actualidad se adelanta con el Gobierno Nacional en La Habana (Cuba).

 

En su trasegar delincuencial en el país, las FARC adoptaron como política el ataque generalizado y sistemático en contra de la población civil, siendo responsables de graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario, las cuales fueron debidamente documentadas y son de conocimiento de la opinión pública nacional e internacional.      

 

En el año 2002 y mientras se adelantaban negociaciones de paz con el Gobierno Nacional en San Vicente del Caguán (Caquetá), el Estado Mayor de las FARC dictó a sus integrantes la mal llamada “Ley 002”, mediante la cual se ordenaba el secuestro de ciudadanos que no cedieran a sus tentativas de extorsión, práctica que se venía desarrollando desde antes. Estadísticas oficiales señalan que entre los años 1998 y 2003 se realizaron 14.674 secuestros en Colombia, la mayor parte de ellos por parte de las FARC, y siendo objeto de ellos campesinos, comerciantes, profesionales, industriales y ganaderos, entre otros. Muchas de las víctimas de este flagelo perdieron la vida en cautiverio.

 

El flagrante desconocimiento del estatus de persona protegida, provocó casos de asesinatos masivos como el de once diputados del Valle del Cauca en el año 2007, tras cinco años de secuestro.  

 

Las FARC han tenido y aún tienen entre sus políticas el reclutamiento forzado de niños menores de 15 años de edad, lo que configura un crimen de guerra. Según un estudio de la Universidad Sergio Arboleda, dado a conocer por diferentes medios de comunicación, el 47 por ciento de este grupo insurgente es de integrantes reclutados forzosamente cuando eran menores de edad. En muchos casos, estos niños y adolescentes han sido víctimas de crímenes sexuales en las filas. En consecuencia, las FARC se convirtieron en victimarias hasta de sus propios miembros.

 

Este grupo igualmente ha empleado el terrorismo directo en contra de la población civil. En 2003, detonó un ‘carrobomba’ contra el club El Nogal, en la ciudad de Bogotá, asesinando a 36 personas e hiriendo a más de 200. Esta práctica ha afectado muchas zonas de la geografía nacional.  

 

Ante estos referentes históricos de la sistematicidad de las FARC frente a crímenes de guerra, delitos de lesa humanidad y genocidios, la Procuraduría General de la Nación hace un respetuoso llamado a quienes hacen parte de la mesa de diálogos en La Habana para que se reconozca y asuma plenamente la condición victimaria de las FARC en el conflicto armado colombiano y no se desconozcan los derechos de las víctimas ni las garantías de no repetición.  

 

La verdad, la justicia y la reparación de las víctimas son las bases de la reconciliación y de una paz estable y duradera, por lo que no puede pretenderse ocultar lo ocurrido o manipular la historia para justificar las atrocidades cometidas durante décadas por este grupo terrorista. Es, a partir de estos inamovibles, que se puede permitir la construcción de un pacto para la paz que dé sostenibilidad jurídica y política a los acuerdos que se suscriban entre el Gobierno Nacional y las FARC. 

 

Unida al anhelo de paz que comparten todos los colombianos, la Procuraduría General de la Nación continuará acompañando el avanzar de los diálogos de La Habana (Cuba), teniendo siempre como prioridad la protección de los derechos de las víctimas y advirtiendo las amenazas contra la legitimidad del proceso y de los acuerdos.