Procuraduría General de la Nación reitera advertencias ante crisis sistemática del sector salud y de la EPS Cafesalud

A propósito de la información publicada recientemente en el diario ‘El Tiempo’, relacionada con “la cruda radiografía de la difícil situación que atraviesa de la EPS Cafesalud”, que se une a las advertencias de la Procuraduría General de la Nación materializadas en diferentes oficios y audiencias públicas, el ente de control, en desarrollo de su función preventiva, se permite manifestar que:

La solicitud del ministro de Salud y Protección Social, Alejandro Gaviria Uribe, a la Junta Directiva de la EPS de “que mire hacia adelante y dejen de mirar con espejo retrovisor”, contrasta con el contenido de la comunicación suscrita por sus miembros y dirigida a la Comisión Séptima del Senado de la República, radicada a su vez en la Procuraduría General de la Nación el 6 de septiembre de 2016, y que presenta en forma detallada los arbitrarios “sobrecostos” en numerosos contratos de prestación de servicios de salud y de apoyo administrativo identificados y denunciados por su actual administración, -iniciada el 1 de abril de 2016- y que fueran suscritos por la anterior presidencia, a la cabeza de  Guillermo Grosso Sandoval, antiguo interventor de la hoy liquidada SaludCoop EPS.

A su vez, informa el diario El Tiempo que Cafesalud “solicitó a la Superintendencia Nacional de Salud el retiro de la EPS de algunos municipios y departamentos”  en los cuales no cuenta con la capacidad para atender a cerca de 67.000 afiliados, situación que contradice el informe presentado por la Superintendencia Nacional de Salud a la Corte Constitucional el 14 de junio de 2016, en el que asegura que el proceso de traslado “se surtió según lo indicado (…) garantizando la atención de la totalidad de los usuarios, así como la menor afectación en la prestación de los servicios (…)”  

Llama la atención que en las referidas notas de prensa, el ministro manifieste su voluntad de agilizar los pagos del Fosyga “siempre y cuando Cafesalud entregue las cuentas a tiempo y de manera correcta”, lo que podría implicar que no se estarían cumpliendo normas vigentes, respecto del proceso de recobros.

De otra parte, el Ministerio público observa con gran preocupación que la debilidad en la estructura jurídica de la EPS, recién capitalizada con dineros del Fosyga, termina poniendo en riesgo la libertad de los directivos de la empresa y más importante aún, introduce nuevas barreras de acceso a los servicios de salud de pacientes protegidos por acciones judiciales contra las antiguas SaludCoop y Cafesalud y las crecientes tutelas, originadas por la desbordante ineficiencia de una empresa que heredó, sin estar preparada para ello, el enorme peso de los cuestionamientos de la liquidada SaludCoop.  

Estos graves acontecimientos se unen a las advertencias de la Procuraduría sobre los riesgos que representarían las tres premisas sobre las cuales se sustentó la decisión:

1. Continuidad en la afiliación de más de 4.5 millones de personas, representada en acceso oportuno, continuo, con calidad y seguridad a los servicios, más allá de la pertenencia del afiliado al sistema de salud.

2. Pago a los prestadores de servicios y proveedores, que se ha visto entorpecido por la desconfianza al soportarse en un sistema de información “colapsado” y por las denuncias de los sobrecostos y el favorecimiento en la contratación protagonizado por la anterior administración. Además, el flujo de dinero público y de los aportes de los trabajadores y los empresarios, 

3. La menor afectación a los trabajadores que por años prestaron sus servicios al “Grupo Empresarial SaludCoop” y cuya situación sigue sin aclararse.

Todo lo anterior revive el riesgo sistémico del sector, que pretendió evitarse con las medidas justificadas por el Gobierno y vigiladas por la Superintendencia Nacional de Salud. 

Los resultados son evidentes en: 1) la afectación del estado de salud de los usuarios, 2) el incremento en la búsqueda de las decisiones judiciales que protejan el vulnerado derecho fundamental a la salud, y 3) las amenazas a la inversión de recursos públicos y de los aportes de trabajadores y empresarios que financian el sector salud.

PGN | Fecha Publicación: martes, 13 septiembre 2016 08:15 AM