Procuraduría General de la Nación reitera sus inquietudes frente a la propuesta de reforma pensional planteada por la OCDE y Asofondos

 

Como en su oportunidad se le informó al país, desde el pasado 5 de febrero el procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, le solicitó al Gobierno Nacional considerar algunos aspectos de orden jurídico, social, económico y administrativo frente a las recomendaciones presentadas por parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) respecto de una posible reforma pensional.

 

En oficio remitido en esa fecha al ministro de Trabajo, Luis Eduardo Garzón, el jefe del Ministerio Público solicitó analizar a profundidad la pertinencia de emprender una reforma inmediata. Cabe señalar que no obstante haberse adelantado varios esfuerzos normativos en materia de trabajo digno y decente, el país afronta problemas complejos como la informalidad y la evasión de aportes al Sistema de Seguridad Social. Preocupa en este sentido a la Procuraduría la baja cobertura pensional producto del desempleo, el subempleo, las formas atípicas de vinculación laboral y la desregulación del mercado de trabajo, entre otros factores.

 

El Ministerio Público advierte nuevamente que de acuerdo con las recomendaciones de Asofondos y de la OCDE, la reforma pensional estaría encaminada a realizar cambios estructurales al aumentar aún más los requisitos de edad y semanas de cotización, equiparar el Régimen de Prima Media (RPM) con el de Ahorro Individual y disminuir las pensiones de salario mínimo, entre otros aspectos. 

 

Frente a los planteamientos de algunos sectores económicos que han culpado por la crisis financiera a los jubilados del Régimen de Prima Media, y que han asegurado que las pensiones hacen parte de la economía de mercado -por lo que serían solo un ahorro y no un derecho-, la Procuraduría recuerda que en el país no hay más de 1.400.000 pensionados del RPM, que el 80% de ellos devenga una pensión entre 1 y 2 salarios mínimos, y que lo que está ocasionando un gran detrimento patrimonial es la ineficiencia administrativa para decidir en tiempo y en derecho las solicitudes pensionales.

 

Dado que es el Ministerio de Trabajo quien debe liderar la política pública pensional en Colombia, este organismo de control reitera su solicitud a esa entidad para que el estudio de una posible reforma pensional se aborde de cara al país, con la participación de todos los sectores, considerando que el sistema pensional no es un tema simplemente financiero, sino un derecho que debe amparar las contingencia en la última etapa de la vida de los colombianos.