Procuraduría General de la Nación sancionó a la exdirectora del Instituto de Tránsito del Atlántico
• La disciplinada suscribió un contrato de adición con una persona que no estaba habilitada como representante legal de la firma contratista.
• Contra la decisión de la Procuraduría Regional del Atlántico no se presentó recurso alguno, por lo que el fallo de primera instancia quedó ejecutoriado.
Por haber omitido el cumplimiento de sus funciones de vigilancia en la suscripción de la prórroga de un contrato, la Procuraduría General de la Nación sancionó con suspensión del cargo por el término de seis meses a la señora Lilia Margarita Amaya Núñez, en su calidad de directora del Instituto de Tránsito del Atlántico para la época de los hechos.
La actuación disciplinaria inició por un informe que la Contraloría Departamental del Atlántico allegó a este organismo de control, acerca del contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión número 028, suscrito por la señora Amaya Núñez el 2 de agosto de 2010 con el Centro Integral de Atención en Servicios de Tránsito del Caribe CIA CARIBE LTDA, representado legalmente para la fecha por la señora Cristina Gómez Duarte.
Según acta del 9 de diciembre de 2011 la exfuncionaria y la firma contratista acordaron la prórroga del contrato por un periodo de diez meses, y el 28 de diciembre del mismo año se suscribió el contrato adicional número 01, firmado por Lilia Margarita Amaya Núñez, en su calidad de directora del Instituto de Tránsito del Atlántico, y por Alejandra Ferrer como representante legal del Centro Integral de Atención en Servicios de Tránsito del Caribe S.A.S. Esto, a pesar de que la elección de la señora Ferrer para ejercer tal representación se produjo el 16 de enero de 2012 y la inscripción ante la Cámara de Comercio de Barranquilla se realizó hasta el 8 de febrero del mismo año, por lo que no tenía facultad para suscribir el citado contrato adicional.
La Procuraduría Regional del Atlántico calificó la falta como grave, cometida a título de culpa grave. La sanción se convierte en seis meses de salario devengado por la disciplinada durante el 2011, recursos con destino al Instituto de Tránsito del Atlántico, en razón a que cesó el ejercicio de sus funciones como directora de dicha entidad. Contra la decisión de primera instancia no se presentó recurso alguno, por lo que el fallo quedó ejecutoriado.