Procuraduría General de la Nación solicitó a la Uspec información sobre el proceso contractual que adelanta para el servicio de brazaletes electrónicos
La Procuraduría General de la Nación le solicitó a la jefe de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec), María Cristina Palau Salazar, que informe cuáles han sido las acciones adelantadas con el objeto de dar inicio al nuevo proceso de selección cuyo objeto es: "Contratar la prestación del servicio ininterrumpido de vigilancia electrónica para internos a cargo del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) con detención domiciliaria, beneficios administrativos o con medida de aseguramiento no privativa de la libertad a nivel nacional".
Lo anterior teniendo en cuenta que dicha unidad dio apertura al proceso contractual en noviembre de 2015 y el 23 de diciembre de ese año lo declaró desierto, debiendo decretar la urgencia manifiesta en enero de este año, por medio de la cual se determinó realizar una contratación directa por un término de 7 meses con el prestador del servicio de vigilancia electrónica que venía realizando dichas actividades.
Preocupa al Ministerio Público que transcurridos aproximadamente 9 meses desde la suscripción del contrato originado por la urgencia manifiesta (contrato número 12 de 2016), a la fecha no hay certidumbre frente a la prestación del servicio, siendo evidente que la Uspec ha contado con el tiempo suficiente para adelantar el correspondiente proceso de selección.
En la misiva, el órgano de control, a través de la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública, aclara que de haberse iniciado dicho proceso, es necesario indicar en qué etapa se encuentra, cuál es el cronograma establecido por la entidad y el estado de la aprobación de vigencias futuras, entre otros. Actividades que son de vital importancia para lograr la prestación del servicio de manera eficiente y sin interrupciones.
Finalmente, la Procuraduría General de la Nación le recordó a la funcionaria que la planeación, transparencia y selección objetiva son principios rectores de la contratación y su salvaguarda es garantía de contar con procesos contractuales más eficaces y eficientes que permitan garantizar el cumplimiento de los fines del Estado.