Boletín 793
Procuraduría General de la Nación solicitó la exequibilidad del acuerdo suscrito entre Colombia y Brasil sobre permisos de residencia, estudio y trabajo a residentes en zona fronteriza
Fuente: PGN
Fecha Publicación:
• La Corte Constitucional adelanta actualmente la revisión constitucional de la ley por la cual se aprueba el mencionado acuerdo.
La Procuraduría General de la Nación le solicitó a la Corte Constitucional declarar exequible tanto el acuerdo suscrito el primero de septiembre de 2010 entre la República de Colombia y la República Federativa del Brasil “sobre permiso de residencia, estudio y trabajo para los nacionales fronterizos brasileños y colombianos entre las localidades fronterizas vinculadas”, como la Ley 1664 del 16 de julio de 2013 que lo aprueba.
El alto tribunal adelanta actualmente la revisión constitucional de la ley por la cual se aprueba el mencionado acuerdo, que pretende fortalecer las relaciones de integración y cooperación fronteriza, regulando el otorgamiento de los citados permisos para los brasileños y colombianos residentes en las localidades de Leticia y Tabatinga.
Para la Procuraduría el contenido del tratado se ajusta a los preceptos constitucionales, en la medida en que se garantiza igualdad en la participación de los ciudadanos nacionales de las dos fronteras beneficiarias que pueden acceder a las bondades del acuerdo. Además, es conforme con los principios establecidos en el Preámbulo y en el artículo 9 de la Carta Política, de acuerdo con los cuales Colombia se compromete a impulsar la integración de la comunidad latinoamericana.
Asimismo, en el concepto se resalta que desde el preámbulo del Acuerdo se propicia la integración de las fronteras que unen los dos países y se reafirma el deseo de acordar soluciones entre sus poblaciones, con observancia de las normas internas de cada una de las partes, lo que garantiza el cumplimiento del principio de soberanía nacional.
De otra parte, luego de analizar los documentos que obran en el expediente, el Ministerio Público concluyó que el trámite dado al proyecto de ley radicado con los números 033 de 2012 en el Senado y 214 de 2012 en la Cámara, fue respetuoso de la Constitución Política.