Procuraduría General de la Nación solicitó medida cautelar para garantizar permanencia de la Contraloría General de la República en su sede actual por un lapso no menor a seis meses
- La Procuraduría presentó escrito de coadyuvancia respecto de la acción de tutela promovida por los servidores públicos de la Contraloría General de la República.
- Para el Ministerio Público existe una afectación grave y directa del interés colectivo.
La Procuradora General de la Nación (E), Martha Isabel Castañeda Curvelo, solicitó al juez Primero de Ejecución de Penas que decrete como medida cautelar la adopción de las acciones necesarias, por parte de la sociedad Proyectos y Desarrollo I S.A., para garantizar que los funcionarios de la Contraloría General de la República permanezcan en el edificio que actualmente ocupan.
En el escrito de coadyuvancia presentado respecto de la acción de tutela promovida por varios servidores de la Contraloría General de República en contra de la citada sociedad, la Procuraduría manifestó que es necesario ordenar al arrendador el despliegue de acciones y medidas para que la Contraloría cuente con el tiempo necesario para desalojar el edificio que hoy ocupa y conseguir una nueva sede para continuar cumpliendo su labor. Este tiempo en ningún caso puede ser inferior de seis meses, tal como lo solicitan los accionantes y coadyuvantes.
Señaló que la situación que enfrentan los servidores de esta entidad, les impedirá, en el inmediato futuro, cumplir cabalmente el ejercicio de la función de vigilancia de la gestión fiscal de la administración y de los particulares o entidades que manejen fondos o bienes de la Nación.
Advirtió que esta circunstancia pone en riesgo una función pública estatal de naturaleza esencial, así como los recursos y el patrimonio del Estado, teniendo en cuenta que el control fiscal constituye uno de los pilares fundamentales del Estado de Derecho.
La procuradora encargada manifestó además que ante la inminente terminación del contrato de arrendamiento este 31 de diciembre, “el país se vería abocado a una situación de desinstitucionalización, como quiera que el órgano de Control fiscal no tendría lugar en el cual pudiese continuar desarrollando su función constitucional, lo que comporta adicionalmente una vulneración a los derechos fundamentales de la misma persona jurídica Contraloría General de la República” y los derechos de los ciudadanos.
Así mismo, las actividades administrativas de las entidades en todos los niveles se verían seriamente afectadas pues trámites como la expedición del certificado de antecedentes fiscales presentarían inconvenientes.