Boletín 903
Procuraduría General de la Nación y Personería Municipal realizaron audiencia pública de seguimiento al cumplimento de las acciones del Plan Jarillón de Cali (Valle del Cauca)
Fuente: PGN
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Dando continuidad a las acciones de seguimiento del plan Jarillón, la Procuraduría General de la Nación y la Personería Municipal de Cali (Valle del Cauca), que tiene por objeto reubicar a las familias que habitan sobre el dique que protege a la ciudad de un posible desbordamiento del Rio Cauca, realizaron una audiencia pública a la que convocaron a los intervinientes en este proceso.
Se hicieron presentes en esta jornada las autoridades e instituciones responsables del tema, entre ellas la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC, Emcali EICE ESP, Gerencia del Plan Jarillón, Secretaria de Gobierno, Convivencia y Seguridad de Cali, Desarrollo Administrativo Municipal y Secretaria de Vivienda y algunos representantes de este sector de la ciudad.
En el marco de la reunión se hizo hincapié en la importancia de adoptar las acciones de atención, protección y prevención de vulneración de los derechos fundamentales de la población, pues según afirmó la Secretaría de Gestión de Riesgos y Desastres de Cali, la tragedia social para la ciudad en caso de la ruptura del dique significaría que 900.000 habitantes del oriente de Cali se inundarían y se vería afectada la salubridad de más de 2 millones y medio de habitantes, quienes no tendrían agua potable, ni sistema para tratar las aguas servidas.
En ese sentido, la Procuraduría Provincial de Cali, en cumplimiento de su función preventiva y en defensa de los derechos humanos ha realizado observaciones a la Administración Municipal en esta materia. La titular de ese despacho se pronunció sobre las denuncias sobre el proceso de relocalización de las familias y las posibles violaciones al debido proceso y manifestó que se han hecho llamados a la alcaldía “para que verifiquen estas denuncias y se conjuren en el evento de haberse cometido errores legales de procedimiento y se subsanen para no generarle perjuicio a la comunidad, pues las familias han manifestado que no es su intención permanecer en el lugar, conocen del riesgo que corren, quieren desocupar el jarillón, por lo tanto se requiere una articulación entre la Administración Municipal y la comunidad para no vulnerar sus derechos”.
Así mismo, solicitó a la Personería Municipal realizar, en el marco de sus competencias, nuevas visitas para certificar que los territorios desocupados no vuelvan a ser invadidos y anunció un seguimiento especial a las acciones que se están adelantando para reubicar a las familias para garantizar sus derechos.