Procuraduría advirtió que la protección de los derechos de los menores de edad afectados por el conflicto armado aún no se incorpora a la agenda de La Habana
Durante la reciente sesión de seguimiento al debate sobre reclutamiento forzado que se llevó a cabo en la Comisión Séptima de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes, la Procuraduría General de la Nación advirtió su preocupación porque no se conoce la respuesta del Gobierno Nacional frente a la petición formulada al jefe del equipo negociador, Humberto de La Calle Lombana, respecto de un acuerdo para la entrega de todos los menores de edad reclutados por la guerrilla de las FARC.
La procuradora delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia y la Familia, Ilva Myriam Hoyos Castañeda, manifestó asimismo la inquietud que le genera al Ministerio Público la inasistencia al debate del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) para presentar los lineamientos, protocolos y ajustes anunciados al Programa de Niños Desvinculados del Conflicto Armado; del Ministerio de Justicia y del Derecho, que debía pronunciarse respecto de la política institucional para la prevención del reclutamiento y las problemáticas afines; de la Fiscalía General de la Nación, para reportar los resultados en la lucha contra impunidad de este flagelo, y de la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación a las Víctimas, a la que le correspondía exponer el Plan de Articulación con el ICBF para armonizar la intervención de ambas instituciones.
Llama la atención de la Procuraduría la ausencia del debate de estas y otras instituciones, a pesar de las específicas responsabilidades que tienen en la detección temprana, la prevención urgente y la protección de los menores de edad víctimas de violaciones a los derechos humanos en el contexto del conflicto armado.
Advierte la Procuraduría que la protección integral de los menores de edad víctimas del reclutamiento, la utilización y la explotación sexual, continúa siendo invisible en las conversaciones de paz. Ni al inicio ni durante el desarrollo de las conversaciones de paz del Gobierno Nacional con las FARC, esta temática ha sido reconocida como prioritaria en manifiesta oposición con los postulados de la Convención de los Derechos del Niño y el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de niños en conflictos armados, entre otros instrumentos internacionales. Además, el diagnóstico y las reflexiones presentados en el debate del 14 de mayo al parecer no tuvieron eco en las autoridades.
Preocupa a este organismo de control que ni las autoridades del orden nacional ni las del orden territorial comprendan la dimensión del mensaje de urgencia emitido por el Congreso de la República y el Ministerio Público, en cuanto que claramente no están dadas las condiciones para garantizar el restablecimiento de los derechos y la reparación integral de los menores de edad y sus familias afectadas por el conflicto armado.