Procuraduría alerta por riesgos ambientales en la laguna La Cocha en Nariño
• Se ha registrado un incremento en la adjudicación de permisos para el cultivo de peces sin que exista estudio oficial sobre capacidad de carga de la laguna.
La Procuraduría General de la Nación ve con preocupación el estado actual de la laguna La Cocha, segundo cuerpo de agua más grande del país, ubicado en el corregimiento El Encano, municipio de Pasto (Nariño).
Este ecosistema se ha elevado a la categoría de “humedal Ramsar”, clasificación otorgada por la Convención sobre los Humedales de Importancia Internacional. La Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios advierte que sin la existencia del estudio oficial de la capacidad de carga de la laguna, se ha registrado un incremento en la adjudicación de permisos para el cultivo de peces, lo que influye notablemente en la contaminación de las aguas.
En comunicación dirigida a la Dirección de Pesca y Acuicultura del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el procurador delegado solicita que se agilice la realización del citado estudio por considerarlo indispensable, ya que brinda información de vital importancia para asegurar el desarrollo sostenible y conservación de la laguna.
De otra parte, resulta alarmante para el Ministerio Público que la información de los permisos de la ocupación de cauce allegada por Corponariño como autoridad ambiental competente, y la información de los permisos de cultivo de peces enviada por la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (AUNAP), no muestre ninguna relación ni coherencia entre los permisos concedidos por ambas entidades. Sostiene el procurador delegado que según el Acuerdo 009 del 2 de octubre de 2003, expedido por el INCODER (antigua autoridad pesquera), la autoridad ambiental correspondiente debe conceder el permiso de ocupación de cauce, previo a la expedición del permiso de cultivo de peces.
En el marco de su gestión preventiva, la Procuraduría se encuentra evaluando el proceso de elaboración de los respectivos estudios, para que con ello se racionalice con criterio social y ambiental la concesión de permisos en el cuerpo de agua y la elaboración a conciencia del plan de ordenación de la pesca y la acuicultura.