Procuraduría citó a audiencia pública a exalcalde y exsecretario de Planeación de Urumita (La Guajira) por posibles irregularidades en contrato de obra pública

• Se advierten posibles anomalías en el esquema de contratación aplicado para hacer la reposición del alcantarillado sanitario en dos sectores del municipio de Urumita (La Guajira).

• Al parecer se habría generado un sobrecosto cercano a los $131 millones de pesos.

Por posibles irregularidades derivadas de un convenio de cooperación y financiación suscrito con una entidad sin ánimo de lucro, la Procuraduría General de la Nación citó a audiencia pública al señor exalcalde de Urumita, Cicerón Barros Saurith, y a su secretario de Planeación, Luis Felipe Maestre.

La diligencia de carácter verbal se llevará a cabo este 9 de junio a partir de las 9:00 de la mañana en las instalaciones de la Procuraduría Delegada para la Moralidad Pública, con comunicación vía Skype o microondas con la Procuraduría Regional del Cesar.

De acuerdo con la investigación, el exmandatario celebró de manera directa el mencionado convenio de cooperación y cofinanciación con la cooperativa Aguas de Urumita LTDA. ESP,  empleando un esquema de contratación contemplado en el artículo 355 de la Carta Política que no era aplicable en este caso, teniendo en cuenta que se trataba de un contrato de obra pública que implicaba una contraprestación directa a favor del municipio de Urumita, como es la entrega de obras para la reposición del alcantarillado sanitario de dos barrios. 

Al respecto, el Ministerio Público recordó que el artículo 355 de la Constitución Política establece que “solo pueden contratarse actividades y programas de interés público, entendiéndose aquellos que benefician a la comunidad en general de forma directa (…) y no pueden implicar contraprestación alguna a favor del ente contratante”. 

A su vez, el pliego de cargos señala que el señor Luis Fernando Maestre Molina, entonces secretario de Urumita, habría elaborado el 22 de julio de 2013 los estudios previos que habrían servido de fundamento para que el exalcalde celebrara de manera directa el acuerdo de voluntades el 6 de agosto de 2013, pese a que las normas jurídicas que fundamentaron este esquema contractual no eran aplicables al citado convenio.  

Es decir, “el estudio previo sustentó el esquema de contratación directa en el artículo 355 constitucional, reglamentado por el Decreto 777 de 1992, pero dejó de lado que el objeto contractual implicaba una contraprestación para el municipio de Urumita, lo que excluía la aplicación de la norma constitucional invocada”. 

Como consecuencia de lo anterior, a juicio del Ministerio Público, se habría eludido el esquema de pública convocatoria de oferentes y de selección objetiva del contratista.

Adicionalmente, se cuestionó al exmandatario Barros Saurith porque al parecer habría celebrado el citado convenio con posibles sobrecostos en diferentes ítems de obra.

Agrega la investigación que el estudio de conveniencia y oportunidad realizado por el entonces secretario de Planeación no habría tenido en cuenta los precios fijados por la Gobernación de La Guajira y, como resultado de ello, se habrían pagado algunos ítems a un valor mayor.