Procuraduría confirmó en segunda instancia sanción contra exfuncionarios de Cumaribo (Vichada) por infringir normas de presupuesto
La Procuraduría General de la Nación sancionó en segunda instancia a los señores Aldemar Gómez González, en su calidad de alcalde de Cumaribo (Vichada); Policarpo Mojica Miranda, alcalde encargado; Wilman García Nieto, jefe de Presupuesto y tesorero; y Ana Caballero, jefe de Presupuesto y tesorera encargada del mismo municipio para la época de los hechos, al hallarlos responsables de irregularidades en el manejo del presupuesto.
En el caso del señor Aldemar Gómez González, el Ministerio Público halló mérito para imponer sanción de destitución del cargo e inhabilidad general por 13 años. Entre el 17 de diciembre de 2007 y el 31 de agosto de 2008, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público le giró al municipio la suma de $2.093’323.099, de los cuales para libre destinación le correspondía apropiar y ejecutar hasta la suma de $838.963.253. No obstante el mandatario apropió y ejecutó para gastos de funcionamiento por la suma de $955.359.109, configurándose un cambio de destinación de recursos.
Por su parte, el señor Policarpo Mojica Miranda, quien ejerció como alcalde encargado entre el 19 de junio y el 30 de diciembre de 2007, fue sancionado con destitución y 12 años de inhabilidad general. La decisión disciplinaria se motivó igualmente en que el funcionario utilizó recursos destinados al rubro de inversión para cubrir gastos de funcionamiento. Durante su administración el municipio de Cumaribo recibió giros del Ministerio de Hacienda por $3.777’499.697, de los cuales le correspondía apropiar y ejecutar hasta la suma de $1.057’685.915 para libre destinación; sin embargo el mandatario efectuó traslados superiores a los autorizados.
Con relación a los señores Ana Caballero y Wilman García Nieto, quienes ejercieron en la jefatura de Presupuesto y la Tesorería Municipal, la Procuraduría decidió sancionarlos con destitución e inhabilidad general de 10 y 12 años, respectivamente, por participar en las cuestionadas irregularidades al emitir los Certificados de Disponibilidad Presupuestal (CDP) y avalar los referidos traslados por sumas superiores a las autorizadas.
Contra esta decisión de la Procuraduría Regional del Vichada no procede ningún recurso.