Procuraduría conoció avances del sector Educación en implementación de la Ley 1257 de 2008, expedida para garantizar a las mujeres una vida libre de violencias
• Comité de Seguimiento a la implementación de la Ley 1257, del que hace parte la Procuraduría General de la Nación, se ha reunido hasta la fecha con ministros de Trabajo, Salud y Educación.
• Ministerio Público insiste en la importancia de construir sistemas de información confiables, que tengan en cuenta las perspectivas de derechos y de género.
• Se reiteró la importancia de la labor de las familias como primer escenario de formación de los niños y niñas, y la necesidad de que los padres se involucren más en el seguimiento a los logros pedagógicos y sociales de sus hijos.
Las acciones que ha adelantado el Ministerio de Educación para cumplir con las obligaciones previstas en Ley 1257 de 2008, expedida con el fin de erradicar todo tipo de violencia contra la mujer y garantizar a todas las mujeres una vida libre de violencia, así como en el Decreto reglamentario 4798 de 2011, fueron presentadas ante el Comité de Seguimiento de la citada ley, del que hace parte la Procuraduría General de la Nación, por parte de la ministra María Fernanda Campo.
Ante la procuradora delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, Adolescencia y la Familia, Ilva Myriam Hoyos Castañeda; la alta consejera para la Equidad de la Mujer, Cristina Plazas Michelsen; delegadas de la Defensoría del Pueblo, de organizaciones de mujeres que hacen parte de la Mesa Nacional para la Implementación de la Ley 1257, y de la Red Nacional de Mujeres, la ministra Campo se refirió a las acciones lideradas desde su despacho para que las instituciones educativas incorporen la formación en el respeto de los derechos, libertades, autonomía e igualdad entre hombres y mujeres, precisando que dada la descentralización del modelo de administración de la educación en el país, se ha buscado la implementación de modelos pedagógicos transversales que incluyan estos elementos, respetando la autonomía de las secretarías de Educación y de las mismas instituciones.
El Comité de Seguimiento fue informado además sobre las acciones para el desarrollo de políticas y programas de sensibilización, capacitación y entrenamiento a la comunidad educativa, especialmente a los docentes, los estudiantes y los padres de familia, en el tema de la violencia contra las mujeres. En este punto se coincidió en afirmar que resulta de suma importancia la labor de las familias como primer escenario de formación de los niños y niñas, y la necesidad de que los padres se involucren más en el seguimiento a los logros pedagógicos y sociales de sus hijos.
Respecto de los avances en el diseño e implementación de medidas de prevención y protección frente a la desescolarización de las mujeres víctimas de cualquier forma de violencia, se destacó la tarea que adelanta actualmente el Ministerio de Educación para ampliar y fortalecer la caracterización y diagnóstico de eventos relacionados con violencia de género en el “Sistema de Monitoreo para la Prevención y Análisis de Deserción Escolar”.
Logros y retos en la implementación de la Ley 1257
La procuradora Hoyos Castañeda reconoció la voluntad y disposición del Gobierno Nacional para implementar la Ley 1257 de 2008 y destacó el hecho de que hace 6 meses se expidió la reglamentación que define recursos y delimita competencias de cada entidad involucrada.
Hasta la fecha el Comité de Seguimiento de esta norma se ha reunido con los ministros de Trabajo, Salud y Educación, diálogos que han permitido identificar avances sectoriales, pero también grandes retos para una verdadera e integral implementación de la norma, que permita materializar una vida libre de violencias a las mujeres colombianas.
La doctora Hoyos Castañeda señaló como retos:
* Una mayor articulación institucional, tanto entre las entidades del mismo Gobierno Nacional como entre las autoridades nacionales y territoriales.
* La urgente necesidad de construir sistemas de información confiables, comparables, y que tengan en cuenta las perspectivas de derechos y de género en el acopio y análisis de los datos que recaudan, especialmente para el diseño e implementación de las políticas públicas.
Se recomendó al Ministerio de Educación construir indicadores que identifiquen la población específica a la que impacta cada acción y evidencien concretamente el alcance frente a lo ordenado por la Ley 1257 de 2008.