Boletín 1096
Procuraduría defiende y garantiza los derechos de poblaciones vulnerables
Fuente: PGN
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En cumplimiento de su función preventiva, la Procuraduría General de la Nación entre el año 2009 y 2016 adelantó acciones tendientes a garantizar los derechos de las poblaciones más vulnerables, dentro de las cuales se encuentran instar a los gobernadores y alcaldes a verificar los procesos adelantados en materia de reglamentación y ejecución de políticas públicas en discapacidad en el territorio nacional.
En tal sentido, el órgano de control realizó reuniones a nivel nacional con el fin de verificar los resultados de los planes y acciones propuestos por los Grupos de Enlace Sectorial (GES) que lideran los escenarios de reconocimiento de la población vulnerable en el país y al mismo tiempo solicitó a las entidades competentes los resultados de los planes de acción que garantizan la atención integral de las personas que tienen problemas con sustancias psicoactivas para conocer los planes de acción y atención integral.
Como parte de su gestión, se participó en la expedición del Acuerdo 32 de 2012 que unificó los planes obligatorios de salud de los regímenes contributivo y subsidiado para la atención a personas con problemas de farmacodependencia y llevó a cabo una investigación denominada ‘Evaluación y perspectivas de la política pública frente a la salud mental y, en particular, de atención al consumo de sustancias psicoactivas en Colombia' en la que se propuso una herramienta de seguimiento y control a las políticas públicas para la reducción del consumo de sustancias psicoactivas.
En temas de adulto mayor, durante tres años se desarrolló el observatorio de envejecimiento y vejez con el fin de promover y facilitar los procesos de salud, seguridad, salud económica, participación y generación de conocimiento dentro del proceso de envejecimiento, los riesgos asociados a este y las adecuadas estrategias para su administración.
De esta manera la Procuraduría se comprometió con todos los trabajadores del país propendiendo por la protección de los derechos humanos y el reconocimiento de las diferencias a través de políticas públicas de respeto y promoción.