Procuraduría dejó en firme destitución e inhabilidad general por 12 años impuesta a dragoneante del Inpec
• La disciplinada negoció con un interno su libertad solicitándole a cambio la suma de $6.000.000 para tramitar su salida del centro penitenciario con un presunto abogado.
La Procuraduría General de la Nación dejó en firme la decisión de primera instancia consistente en destitución e inhabilidad por el término de 12 años, impuesta a la señora Vermi Eugenia Tamayo Jaramillo, dragoneante del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), quien para la época de los hechos se encontraba adscrita a la Cárcel de Bellavista ubicada en Antioquia.
El órgano de control evidenció que la disciplinada recibió irregularmente la suma de $6.000.000, que le fue entregada por la compañera de un recluso ante la Notaría Primera del Municipio de Bello, tras negociar en el mes de enero de 2013 la salida de la cárcel del interno, asegurando que este dinero sería utilizado para adelantar los trámites dirigidos a obtener su libertad con un supuesto abogado.
Los argumentos de la integrante del cuerpo de custodia y vigilancia del Inpec, en los cuales señaló no conocer el nombre del supuesto abogado a quien envió el dinero que recibió de manos de su compañera sentimental, no fueron de recibo para el Ministerio Público por considerar inverosímil que ella hubiera firmado una letra de cambio responsabilizándose de unos dineros que entregaría a alguien desconocido.
A juicio del ente disciplinario la funcionaria trasgredió el parágrafo cuarto del artículo 48 de la Ley 734 de 2002 que señala “d) efectuar negocios de cualquier índole con los reclusos o sus familiares (…)”, comportamiento prohibido también por el artículo 45 del Código Penitenciario y Carcelario que dispone que a los miembros del cuerpo de custodia y vigilancia les está prohibido “(…) efectuar negocio alguno con los detenidos, condenados, familiares o allegados a estos, lo cual constituirá causal de destitución (…)”.
La Procuraduría Regional de Antioquia calificó la falta de la señora Tamayo Jaramillo como gravísima a título de culpa gravísima, por el incumplimiento de reglas obligatorias, a pesar de su amplia experiencia, por estar vinculada desde hace más de 23 años a la administración estatal.
Esta decisión de primera instancia quedó en firme por cuanto los sujetos procesales no interpusieron ningún recurso contra la misma.