Procuraduría destituyó a exgobernador de Caldas y a varios de sus secretarios de despacho
La Procuraduría General de la Nación destituyó e inhabilitó por 13 años al señor Mario Aristizábal Muñoz, en su condición de gobernador del departamento de Caldas, y a varios de los secretarios de despacho por irregularidades en la compra de varios vehículos por más de mil millones de pesos.
Dentro de este fallo disciplinario también se adoptaron las siguientes decisiones:
Destitución e inhabilidad por 11 años a los señores Henry Murillo Arboleda, en su condición de secretario de Gobierno de la Gobernación de Caldas; y Ever de Jesús López Aguirre, en su condición de secretario de Educación de la Gobernación; destitución e inhabilidad por 10 años a Viviana Patricia Martínez Gómez, en su condición de secretaria de Planeación; Pedro Javier Misas Hurtado, secretario de Hacienda para la época de los hechos; Daniel Eduardo López López, en su condición de secretario privado; y Ernesto Patiño Molina, en su condición de secretario general de la Gobernación; y por último suspensión por 6 meses al señor Sergio Trujillo Ramírez, quien se desempeñaba como secretario de Deporte de la Gobernación de Caldas.
Las irregularidades que se le endilgan al entonces gobernador están relacionadas con la adquisición de vehículos para la Gobernación de Caldas por $1.013.000.000 millones de pesos, mediante diferentes procesos de selección abreviada que fueron adelantados en forma separada en las secretarías de Gobierno, Planeación, Hacienda, General y Educación, omitiendo el proceso licitatorio que debía adelantarse en este caso, teniendo en cuenta el monto del objeto a contratar.
La Procuraduría señaló que el secretario de Gobierno incurrió en falta disciplinaria porque dividió artificialmente el objeto contractual consistente en la adquisición de vehículos automotores para estas dependencias eludiendo el proceso de licitación.
Adicionalmente, los entonces secretarios de Gobierno, Planeación, Hacienda, General y Educación celebraron varios de estos contratos cuando para la misma época las secretarías de la Gobernación adelantaban procesos contractuales con el mismo fin y con el mismo proveedor, “lo que demandaba el adelantamiento de un único proceso licitatorio por parte de la Gobernación”.
De otra parte el Ministerio Público encontró que el entonces gobernador delegó la suscripción de contratos y no ejerció el control y vigilancia sobre esta delegación, lo que permitió la celebración de siete contratos (de obra, suministros y prestación de servicios) bajo la modalidad prevista en el artículo 355 constitucional y su decreto reglamentario 777 de 1992, pese a que estos contratos estaban excluidos de este esquema contractual por cuanto implicaban una contraprestación directa a favor de la entidad pública.
Señala el órgano de control que para el caso particular, en los contratos de obra que se cuestionan “el contratista se obligó a realizar una actividad para el departamento, a cambio de lo cual recibió una remuneración, solo que por conducto del Fondo Mixto de Caldas, lo que quiere decir que el objeto del contrato implicó, en última instancia, una contraprestación a favor de la entidad consistente en la obra ejecutada a su favor y para el ejecutor de la obra, una contraprestación monetaria, lo que implicaba la procedencia de otra modalidad contractual y descartaba la viabilidad jurídica de acudir al esquema contractual del artículo 355 de la Constitución”.
Por estos hechos, la Procuraduría sancionó disciplinariamente al entonces secretario de Educación, Ever López Aguirre; al entonces secretario de Deporte, Sergio Trujillo Ramírez; el entonces secretario privado, Daniel López López, quienes suscribieron, en desarrollo de la delegación conferida por el entonces gobernador, varios contratos con el Fondo Mixto de Caldas bajo la citada modalidad.
Contra esta determinación disciplinaria procede el recurso de apelación ante la Sala Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación.