Procuraduría emite directiva para hacer seguimiento a la aplicación de normatividad relacionada con cárceles y condiciones de los internos
• La directiva fue emitida teniendo en cuenta el memorando 0053 del 26 de febrero del presente año, relacionado con la información de la población privada de la libertad en estado grave por enfermedad o enfermedad muy grave incompatible con la vida en reclusión y en estado de embarazo.
El procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, impartió la Directiva 002 de julio de 2016, dirigida a procuradurías delegadas, procuradores judiciales I y II, procuradurías regionales y provinciales, Defensoría del Pueblo, personerías municipales, al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios, y directores de establecimientos penitenciarios y carcelarios, con el fin de realizar seguimiento a la aplicación de las leyes 65 de 1993, 1709 de 2014 y 734 de 2002, en lo relacionado a las condiciones de los internos en los establecimientos carcelarios del país y la atención de estos por parte del Estado.
En la directriz, el jefe del Ministerio Público pide velar por el cumplimiento de las normas señaladas que correspondan a cada institución y de los pronunciamientos de la Corte Constitucional, practicando visitas, cumpliendo los requerimientos que por ley y jurisprudencia correspondan, y adicionalmente, que presenten informes sobre la gestión realizada en ese sentido.
De igual forma, solicitó a los procuradores judiciales, regionales y provinciales, defensores del pueblo y personeros municipales, practicar visitas periódicas administrativas especiales, al menos dos cada mes, a los centros penitenciarios y carcelarios de sus respectivas sedes para determinar el cumplimiento de la normatividad enunciada e informar a las autoridades administrativas, disciplinarias y judiciales sobre los hallazgos encontrados.
A la Procuraduría Delegada para la Descentralización y las Entidades Territoriales, la directiva le ordena verificar que en los planes municipales y departamentales de desarrollo se hayan incluido los rubros para la financiación de las cárceles, o los convenios con el Inpec y que estos sean proporcionales con las necesidades presupuestales.
Por otra parte, la Procuraduría Delegada para el Ministerio Público en Asuntos Penales, pidió al Inpec, a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios y a los directores de las cárceles, que pongan en conocimiento del órgano de control las irregularidades en que puedan incurrir miembros del personal de custodia y vigilancia de los establecimientos, por actos de omisión o extralimitación de las funciones.
Finalmente, el procurador general de la Nación solicitó a las delegadas con competencias disciplinarias que adviertan sobre la presunta comisión de faltas, tales como obstrucción a la justicia u obstaculización de las investigaciones disciplinarias y penales, con el propósito de emprender las acciones a que haya lugar.