Procuraduría escuchará en audiencia pública a actual funcionaria de la Contraloría General de Santander
• Al parecer, la implicada podría estar incursa en falta disciplinaria por actuar a pesar de la existir una inhabilidad constitucional y legal en su contra.
• La audiencia tendrá lugar en la Procuraduría Regional de Santander, el 6 de octubre de 2016, a partir de las 8 de la mañana.
Mediante procedimiento verbal la Procuraduría General de la Nación investiga a la señora Mercedes León Rojas, en su condición de profesional especializado código 222 grado 01 de la Contraloría General de Santander, por presunta extralimitación en el ejercicio de sus funciones.
De acuerdo con las pruebas allegadas al proceso, la funcionaria, pese ostentar la calidad de servidora pública, procedió a suscribir los contratos de servicios 1-2013 el 01 de enero de 2013 y 052-2013 el 15 de marzo de 2013 con el Sanatorio de Contratación Empresa Social del Estado, al parecer, estando inhabilitada para ello, conducta con la cual podría haber puesto en riesgo el buen funcionamiento de la entidad fiscal y haber transgredido el principio de moralidad que debe regir toda actuación pública.
El ente de control consideró como una de las normas constitucionales presuntamente violadas, el artículo 127 que establece que “Los servidores públicos no podrán celebrar, por sí o por interpuesta persona, o en representación de otro, contrato alguno con entidades públicas o con personas privadas que manejen o administren recursos públicos, salvo las excepciones legales”.
Así mismo citó como posiblemente trasgredido el Código Disciplinario Único, que establece “El sujeto disciplinable, para salvaguardar la moralidad pública, trasparencia, objetividad, (…) eficacia y eficiencia que debe observar en el desempeño de su empleo, cargo o función, ejercerá los derechos, cumplirá los deberes, respetará las prohibiciones y estará sometido al régimen de inhabilidades, incompatibilidades, impedimentos y conflicto de intereses, establecidos en la Constitución Política y en las leyes”. (Ley 734 de 2002).
En forma provisional, la Procuraduría calificó la falta de la investigada como gravísima cometida a título de dolo, teniendo en cuenta que de forma libre y voluntaria dirigió su conducta suscribió los contratos siendo consciente de los límites que le imponía su condición de servidora pública.
Durante la audiencia pública que se cumplirá este jueves 6 de octubre a partir de las 8 de la mañana, en la Procuraduría Regional de Santander, los sujetos procesales podrán solicitar o aportar las pruebas que consideren pertinentes y conducentes para su defensa.