La Procuraduría General de la Nación realizó recientemente una mesa de trabajo en la que se discutieron temas como la delimitación del páramo de Santurbán, la extracción ilícita de minerales y los efectos de la sentencia proferida por la Corte Constitucional que declaró la exequibilidad del artículo 37 del Código de Minas, relacionado con las zonas excluibles de la minería.
A la jornada asistieron los ministros de Minas y Energía, Tomás González; Ambiente y Desarrollo Sostenible, Gabriel Vallejo López; Agricultura y Desarrollo Rural, Aurelio Iragorri Valencia; los viceministros de Minas, María Isabel Ulloa; Defensa, Jorge Enrique Bedoya y de relaciones políticas del Ministerio del Interior, Carmen Inés Vásquez; el coronel de la Policía Nacional, Wilson Chaparro; la directora de la Agencia Nacional de Minería, Natalia Gutiérrez Jaramillo; la directora de la Unidad de delitos contra el medio Ambiente de la Fiscalía General de la Nación, Gloria Elsa Arias Rangel y el gobernador del Cauca, Temístocles Ortega Narváez.
Efectos de la Sentencia de la Corte Constitucional C-123 de 2014
En esta sentencia, la Corte Constitucional señala que en el proceso de declaratoria de zonas excluibles de la minería deben participar activa y eficazmente las entidades municipales o distritales involucradas. Para ello se deberán establecer “acuerdos” entre la Nación y estas entidades sobre la protección de cuencas hídricas y la salubridad de la población, así como del desarrollo económico, social y cultural de sus comunidades. No obstante, a la fecha no existe claridad sobre los criterios que se deben adoptar para coordinar este tipo de acuerdos.
La Procuraduría, en relación con el proceso para la declaratoria de zonas excluibles de la minería, exhortó a las autoridades nacionales y actores vinculados con el asunto para que realicen las correspondientes actividades que permitan establecer dichos criterios.
Frente a esta situación, el Ministerio Público recomendó al Gobierno la elaboración de una circular o directriz sobre la interpretación de la mencionada sentencia, así como la posibilidad de elevar consulta ante el Consejo de Estado con el objetivo de precisar el alcance de la expresión “acordar”, citado por la Corte en la parte resolutiva. Para el desarrollo de estas recomendaciones, se contará con el acompañamiento preventivo de la Procuraduría General de la Nación.
Delimitación del páramo de Santurbán
Como resultado de la reunión adelantada se hizo un apremiante llamado al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para que avance en el proceso de delimitación de este páramo, que involucra criterios técnicos, ambientales y sociales.
Esta situación ha ocasionado serios problemas en la región como el surgimiento de la minería ilegal, con las nefastas consecuencias que esta puede producir, todo ello generado por la indefinición en concretar finalmente la delimitación del citado ecosistema.
La Procuraduría ejercerá una vigilancia permanente a este proceso y, para ello, acordó una nueva reunión en la que el Gobierno deberá exponer los avances en esta materia.
Extracción ilícita de minerales
Frente a esta problemática la Procuraduría General de la Nación, en el ejercicio de sus funciones constitucionales y legales, exhortó al Gobierno Nacional y a las distintas autoridades que tienen competencia en el tema para que:
- Se tipifique el concepto de lo que se considera “minería ilegal”, esto con el fin de brindar la suficiente seguridad jurídica para los proponentes o contratistas de concesiones mineras.
- Se adelante una revisión de la normativa minera con el fin de que se establezcan las pertinentes sanciones que permitan castigar de manera efectiva a los directos responsables de la llamada minería criminal; así como para avanzar de manera eficiente y concreta en la formalización minera.
- Se cumpla lo dispuesto en el artículo 107 de la Ley del Plan 1450 de 2011, en cuanto a implementar las herramientas que permitan diferenciar la minería informal de la minería ilegal.
- Se realice un proceso de legalización incluyente que respete los derechos de los mineros tradicionales y barequeros, y se lleve a cabo una fiscalización que garantice el cumplimiento de obligaciones técnicas, económicas, sociales y ambientales que redunden en desarrollo y bienestar para las comunidades que tienen la actividad minera como fuente principal de subsistencia.
Por último, la Procuraduría hizo un llamado a las autoridades de policía competentes a efectos de que se cumplan los criterios fijados para la ejecución de la medida de destrucción de maquinaria pesada prevista en el Decreto 2235 de 2012, como son: la previa verificación de antecedentes judiciales, confirmación sobre la procedencia, uso y destinación de la maquinaria.