Procuraduría formula nuevas recomendaciones al Gobierno Nacional sobre la participación de civiles en labores de desminado humanitario
Las observaciones del Ministerio Público están contenidas en el segundo informe de seguimiento al proceso de desminado humanitario.
En su informe, el procurador general destacó los esfuerzos y contribuciones que la comunidad internacional y los desminadores humanitarios, tanto civiles como militares, vienen haciendo para que tengamos un país libre de minas y de otros artefactos explosivos.
En atención al informe sobre desminado Humanitario presentado por la Procuraduría General de la Nación el pasado mes de enero, el Gobierno Nacional adoptó medidas encaminadas a que dichas labores se adelanten con los más altos estándares de acreditación, seguridad y asistencia para las personas que participan en el desminado humanitario.
El Ministerio Público encontró que a la fecha se han desarrollado acciones destinadas a impedir eventuales responsabilidades en relación con el deber de garantía frente a los derechos humanos y ante los daños que pudieran presentarse, hechos que se han materializado en los denominados estándares nacionales de desminado humanitario adoptados por la Instancia Interinstitucional de Desminado Humanitario en abril de 2012.
Luego de la evaluación adelantada a este proceso, el procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, exhortó al Gobierno nacional para que con ocasión de la implementación del desminado humanitario con personas civiles de estricto cumplimiento a los protocolos y estándares nacionales e internacionales en esta materia con el fin de proteger la vida e integridad de quienes participan en dicha actividad y de las comunidades y personas beneficiarias.
Así mismo, lo instó para que el desminado humanitario con personas civiles solo se lleve a cabo en las zonas donde las condiciones de seguridad permitan el desarrollo de estas tareas, de conformidad con los estándares nacionales establecidos y para que el desminado humanitario con personas civiles tenga carácter subsidiario según el Decreto Reglamentario 3750 de 2011 del Presidente de la República y en consecuencia se continúe con el fortalecimiento del batallón de desminado humanitario.
A su vez, solicitó a las Fuerzas Militares que adopten en un tiempo razonable los estándares nacionales de desminado humanitario en estas labores que se adelantan en el país.
En su pronunciamiento, el procurador Ordóñez Maldonado reiteró al ejecutivo adelantar las acciones necesarias para cumplir con los compromisos asumidos en el marco de la Convención Sobre la Prohibición del Empleo, Almacenamiento, Producción y Transferencia de Minas Antipersonal y sobre su Destrucción (Convención de Ottawa de 1997) y especialmente en lo relacionado con el establecimiento de nuevos pelotones de desminado humanitario.
Insistió además en que los procesos de retorno, adjudicación de baldíos, adjudicación y restitución de tierras se haga de manera coordinada con el Programa Presidencial para la Acción Integral contra Minas Antipersonal PAICMA en aras de garantizar la seguridad de las víctimas del conflicto armado y demás beneficiarios de dichas acciones y en previsión de lo dispuesto en la Ley 1448 de 2011 y demás disposiciones relacionadas con la reparación integral de las víctimas.
En aras de hacer seguimiento a las acciones adelantadas en esta materia, el Órgano de Control solicitó al director del Programa Presidencial para la Acción Integral contra Minas Antipersonal presentar informes en los meses de enero y julio de cada año, sobre las acciones adelantadas en el marco de dicho Programa y en relación con las recomendaciones formuladas. Asimismo, deberá informar sobre las acciones encaminadas a desminar los territorios de los grupos étnicos afectados por minas y otros artefactos explosivos.
Por último solicitó al Gobierno Nacional, y en particular al Programa Presidencial para la Acción Integral contra Minas Antipersonal, facilitar al Ministerio Público el seguimiento a las labores de desminado incluyendo el acompañamiento a las organizaciones de monitoreo.
Por su parte, el Ministerio Público a través de la Procuraduría Delegada para la Prevención en Materia de Derechos Humanos y Asuntos Étnicos, continuará con el seguimiento a las políticas y programas de desminado humanitario previstos.