Procuraduría formula recomendaciones a Agencia Nacional de Minería para garantizar la normal ejecución de asuntos mineros
La Procuraduría General de la Nación solicitó a la Agencia Nacional de Minería información sobre las acciones adelantadas por esta entidad para atender los asuntos propios de su competencia, ante la suspensión provisional de los efectos del Decreto 2691 de 2014, por parte del Consejo de Estado, que hace referencia a la definición de medidas de protección del ambiente y al desarrollo económico, social, cultural y la salubridad en municipios y distritos frente a las posibles afectaciones que pueden derivarse de la actividad minera.
En comunicación enviada a la presidenta de la Agencia Nacional de Minería (ANH), Natalia Gutiérrez Jaramillo, el Ministerio Público expresó su preocupación ante la posible suspensión por parte de esa agencia de los trámites de algunos asuntos mineros mientras se expide una posterior reglamentación por parte del Ministerio de Minas y Energía.
En ese sentido, la Procuraduría solicitó información puntual sobre el estado actual de trámite de las propuestas de contrato de concesión minera presentadas después del 23 de diciembre de 2014, así como aquellas radicadas posteriormente al pronunciamiento del Consejo de Estado.
Así mismo, requirió información sobre las actuaciones y estado de las solicitudes formuladas por los concesionarios respecto de las prórrogas de etapas mineras, cesiones de derechos, integración de áreas y renuncias parciales al título minero.
De otra parte, la Procuraduría recordó que el Código de Minas constituye una regulación integral de la actividad minera, teniendo en cuenta que este incluye todas las instituciones y aspectos específicos del negocio minero, de manera tal que, con el pretexto de condicionar la posterior expedición de un acto reglamentario, no le sería dable a la agencia dejar de resolver o suspender los trámites que le fueron encomendados por virtud de las funciones asignadas en el Decreto 4134 de noviembre 3 de 2011
Advierte además que dicho Código señala que “En todo caso, las autoridades administrativas a las que hace referencia este Código no podrán dejar de resolver, por deficiencias en la ley, los asuntos que se les propongan en el ámbito de su competencia. En este caso, acudirán a las normas de integración del derecho y, en su defecto, a la Constitución Política…”
En consecuencia, el órgano de control recomendó a la ANM adoptar las medidas que permitan cumplir cabalmente con los objetivos trazados en la política pública de sostenibilidad del sector minero, y en el marco de los principios que orientan la función administrativa.