Procuraduría formuló cargos a dos exfuncionarios de la Secretaría de Educación del Atlántico
• Los hechos investigados se relacionan con el manejo de un contrato suscrito con un centro de idiomas para capacitación a docentes, por valor superior a los $998 millones.
La Procuraduría General de la Nación le formuló cargos a Mónica Yadira Torres Arcila en su calidad de secretaria de Educación del Atlántico (encargada), y Néstor Triviño Bermejo, en su calidad de interventor para la época de los hechos, por presuntas irregularidades en materia contractual.
La actuación disciplinaria inició por la queja que el entonces titular de la Secretaría de Educación instauró ante la Procuraduría Regional del Atlántico en relación con la ejecución y pago de un contrato suscrito entre el departamento y el centro de idiomas “Soy Bilingüe Naturalmente”, por valor de $998.668.797, con el objeto de capacitar a los profesores de las instituciones educativas de los municipios no certificados del Atlántico en la metodología “Soy Bilingüe”. Aseguró que el periodo de ejecución del contrato se redujo de 6 meses a 95 días sin haberse ajustado el valor del mismo.
Con base en el análisis de la documentación que hasta el momento obra en el expediente, la señora Mónica Yadira Torres Arcila posiblemente incurrió en falta disciplinaria al suscribir el contrato 0107*2011*000041, sin que al parecer existiera la claridad suficiente sobre las actividades y obligaciones concretas del contratista, y definiendo el valor de la contratación por el monto ofertado para un año lectivo a pesar de que el contrato se firmara por seis meses; de hecho este periodo se redujo por las vacaciones de mitad de año y el receso escolar del mes de octubre, sin que se hiciera el ajuste correspondiente al costo del contrato. Tal actuación habría permitido, presuntamente, que el departamento del Atlántico incurriera en una mayor erogación.
Respecto de la conducta del señor Néstor Triviño Bermejo, señala la Procuraduría en el auto de formulación de cargos que posiblemente faltó a su obligación de realizar un correcto control y seguimiento a la ejecución del citado contrato, al autorizar pagos y certificar el cumplimiento del contratista sin que al parecer se registrara la realización de las actividades de manera acorde con la propuesta y con el valor por el que se celebró el negocio jurídico.
Las faltas en las que al parecer incurrieron los investigados fueron calificadas por la Procuraduría Regional del Atlántico provisionalmente como graves, cometidas a título de culpa gravísima.