Procuraduría formuló cargos a exfuncionarias de la administración distrital de Cartagena
• Se presume que las investigadas adjudicaron una licitación a una firma que acreditó su experiencia con un subcontrato, a pesar de que el pliego de condiciones contemplaba como inaceptable esta modalidad de contratación.
La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos a la señoras Aminta Sierra de Chima y Betty Peña Marimón, en sus condiciones de directora administrativa y financiera y profesional especializada de la Secretaría de Educación de Cartagena (Bolívar) para la época de los hechos.
De acuerdo con el auto de cargos, las entonces funcionarias fueron designadas como evaluadoras de los aspectos técnicos de las propuestas presentadas durante una licitación pública adelantada en el 2012 para la prestación del servicio de vigilancia y seguridad privada en las dependencias administrativas e instituciones educativas oficiales del Distrito de Cartagena.
Los hechos objeto de investigación señalan que, al parecer, al evaluar la propuesta presentada por Chemical Products/Adolfo Herrera, las investigadas aceptaron que esta firma acreditara su experiencia en la prestación del servicio de aseo a través de un subcontrato suscrito con la firma Eficaces S. A. y a pesar de que en el pliego de condiciones la subcontratación estaba contemplada como inaceptable, adjudicaron la licitación a esta firma.
La Procuraduría Delegada para la Moralidad Pública consideró que las señoras Sierra de Chima y Peña Marimón podrían estar incursas en falta disciplinaria por desconocimiento de los principios que regulan la contratación, según lo contempla el artículo 48 de la Ley 734 de 2002.
La Procuraduría resaltó que el desconocimiento del principio de transparencia pudo haber soslayado “el cumplimiento de los deberes de acatar la Constitución, la ley y los reglamentos internos de la Alcaldía de Cartagena”.
Las faltas fueron calificadas provisionalmente como gravísimas a título de culpa gravísima, por cuanto el ente de control consideró que las entonces funcionarias no obraron con diligencia y se limitaron a señalar que la certificación emitida por la empresa Eficaces S. A. estaba amparada por presunción de legalidad sin verificar la documentación allegada como soporte.
Finalmente advirtió el Ministerio Público, que los sujetos disciplinables, en ejercicio del derecho a la defensa que les asiste podrán solicitar y/o aportar las pruebas que consideren pertinentes.