Procuraduría formuló cargos contra exdirector administrativo de la Caja de Compensación Familiar de Nariño
• Al parecer, el disciplinable efectuó en el 2010 un pago anticipado de subsidios de vivienda familiar por valor de $182.859.550 a favor de la Unión Temporal Invipasto-Tarapues, sin que el oferente aportara el contrato ni la póliza de seguro requeridos.
La Procuraduría General de la Nación formuló cargos en contra del señor Jhon Alexander Rojas Cabrera, en su condición de director administrativo de la Caja de Compensación Familiar (Comfamiliar) de Nariño para la época de los hechos, por posibles irregularidades de tipo presupuestal.
De acuerdo con el auto de cargos, al parecer, el investigado hizo un pago anticipado de subsidios de vivienda familiar por valor de $182.859.550 a favor de la Unión Temporal Instituto Municipal de la Reforma Urbana y Vivienda de Pasto (Invipasto)-Tarapues, sin que el oferente aportara el contrato de interventoría ni la póliza de seguro que cubriera hasta el 110% del valor de esa suma de dinero. Efectivamente el incumplimiento se presentó y fue necesaria la intervención directa y permanente de un funcionario de Invipasto para hacer un seguimiento técnico social a la inversión de esos subsidios, con el fin de evitar que estos fueran empleados en la construcción de viviendas diferentes a las adjudicadas a los beneficiarios.
La Procuraduría Delegada para la Economía y la Hacienda Pública puntualizó que el ex representante legal de Comfamiliar debió proteger a los compradores de vivienda velando porque la entrega de los inmuebles se hiciera de manera oportuna y porque fueran entregados con servicios públicos instalados, permitiéndoles habitarlos en condiciones dignas y obligando al constructor a responder al oferente por los perjuicios causados por los retrasos en la entrega y la mala calidad de la construcción.
En esta etapa del proceso disciplinario el órgano de control calificó la posible falta del señor Rojas Cabrera como gravísima cometida con culpa gravísima, teniendo en cuenta su formación profesional como abogado y en razón a que como administrador de recursos públicos parafiscales, tenía la obligación de exigir los requisitos establecidos por ley.