Boletín 743

Procuraduría formuló cargos contra exdirector general de la Corporación Autónoma Regional del Cesar (Corpocesar)

Fuente: PGN
Fecha Publicación:


- Al parecer, durante la vigencia 2009, el investigado invirtió en la contratación de 15 órdenes de prestación de servicios recursos de regalías del carbón que debían ser utilizados en proyectos relacionados con el medio ambiente y su preservación o recuperación.

Por presunta utilización indebida de rentas de destinación específica, provenientes de la compensación de carbón, la Procuraduría General de la Nación formuló cargos al señor Segundo Calderón Peña, en su condición de director general de la Corporación Autónoma Regional del Cesar (Corpocesar) para la época de los hechos.
 
De acuerdo con las pruebas recaudadas los contratos suscritos por valor de $218.690.000 tuvieron por objeto la prestación de servicios profesionales de siete ingenieros ambientales y sanitarios, quienes apoyaron labores permanentes y rutinarias asignadas a diferentes dependencias de la Corporación.
 
Consideró el órgano de control que de esta manera se estaría desviando la destinación de esta retribución económica derivada de la explotación de recursos naturales no renovables, por cuanto debería invertirse en proyectos de medio ambiente con impacto regional y no en gastos de funcionamiento.
 
De otra parte, en el informe de interventoría administrativa y financiera que adelantó el Departamento Nacional de Planeación (DNP) a Corpocesar, el DNP señaló que los recursos de regalías y compensaciones son de propiedad del Estado y tienen destinación específica de acuerdo con lo establecido en la Carta Política y, su utilización está regulada por normas que determinan los límites para su ejecución.
 
Finalmente, la Procuraduría Delegada para la Economía y Hacienda Pública consideró que el entonces director podría estar incurso en falta disciplinaria gravísima con culpa gravísima porque, al parecer, incumplió disposiciones de carácter constitucional, legal y reglamentario.
 
A partir de su notificación el investigado dispone de 10 días para aportar o solicitar las pruebas que estime pertinentes y conducentes para su defensa.

 

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