Procuraduría formuló pliego de cargos a oficiales y suboficiales de la Armada Nacional por presunto maltrato a infantes de marina en curso avanzado de combate
La Procuraduría General de la Nación, a través de su Delegada para las Fuerzas Militares, formuló pliego de cargos al capitán de Infantería de Marina Salvador Francisco Orjuela Echandía, al subteniente Richard Antonio Torres Ariza, al sargento viceprimero Elkin Fidel Oñate Candama y al cabo segundo Obert Arley Zurita Soto, por su posible responsabilidad disciplinaria en un caso de posible maltrato y tortura a miembros de la Armada Nacional en desarrollo de entrenamientos militares.
Los hechos fueron dados a conocer a la opinión pública en marzo de 2015 a través de notas periodísticas y dan cuenta de presuntos maltratos consistentes en conductas crueles, agresiones, insultos y amenazas de muerte a uniformados que adelantaban el curso avanzado de combate REES (Resistencia, evasión, escape y supervivencia) en una base de entrenamiento ubicada en el departamento de Sucre.
En el caso del capitán Orjuela Echandía, oficial táctico del Curso de Combate 068 de 2014 realizado en el Centro Internacional de Entrenamiento Anfibio de la Armada Nacional con sede en Coveñas (Sucve), la Procuraduría reprocha que presuntamente permitió el maltrato a los estudiantes por parte de los instructores, cuando era su función realizar control a las pruebas físicas, con lo que habría incurrido en falta disciplinaria calificada provisionalmente como grave, a título de culpa.
Al subteniente Torres Ariza, al sargento viceprimero Oñate Candama y al cabo segundo Zurita Soto, director e instructores de la Fase REES del curso, se les investiga por presuntamente agredir física y verbalmente a los uniformados en instrucción, posible falta gravísima a título de dolo, según la calificación provisional.
La decisión de la Procuraduría ordenó el archivo de diligencias en favor de dos cabos segundos y un infante de marina profesional.
Tras su notificación, los investigados y/o sus defensores disponen de diez días hábiles para presentar descargos y solicitar o aportar las pruebas si lo estiman conveniente.