Procuraduría formuló pliego de cargos contra alcalde y secretario de Planeación y Desarrollo Territorial de Mutatá (Antioquia) por posible falsedad en documento público
• Presuntamente los investigados suscribieron las actas que dan cuenta del desarrollo de un contrato y autorizaron el pago del mismo sin que este se hubiera ejecutado.
Por posible falsedad en documento público, la Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra los señores Jaime Darío López Duque, en su condición de alcalde de Mutatá (Antioquia), y Joan Manuel Durango Gutiérrez, quien en la actualidad se desempeña como secretario de Planeación y Desarrollo del mismo municipio y fue designado para realizar la interventoría técnica, administrativa y financiera del contrato número 165 del 1 de octubre de 2012.
De acuerdo con el auto de cargos, al parecer la administración municipal suscribió el mencionado contrato de prestación de servicios con el señor Juan Carlos Vitola Urzola por valor de $14.300.000, con el objeto de llevar a cabo el estudio de suelos, diseños arquitectónicos y estructurales para establecer el presupuesto y analizar los precios unitarios para el Centro Agrupado del corregimiento de Bajirá, en Mutatá, a pesar de que su objeto ya había sido realizado.
Las pruebas documentales recaudadas evidenciaron que a la firma de este contrato el municipio ya contaba con los estudios de suelos, los diseños arquitectónicos y sanitarios para presentar el proyecto en procura de obtener los recursos para la construcción del Centro de Desarrollo Integral Infantil en el citado corregimiento.
Consideró el ente de control que las conductas de los funcionarios podrían constituirse en falsedad ideológica en documento público, y en consecuencia, en falta disciplinaria al tenor de lo dispuesto en el numeral 1º. del artículo 48 de la Ley 734 de 2002, por cuanto la firma de este contrato conllevó a la expedición del cheque por valor de $12.226.500 con el cual se efectuó el pago al contratista por un trabajo que no ejecutó.
Esta investigación fue iniciada por la Procuraduría Provincial de Apartadó tras conocer una denuncia anónima interpuesta contra el mandatario local.
Los implicados podrán presentar descargos y solicitar o aportar las pruebas documentales o testimoniales que consideren pertinentes y conducentes para su defensa.