Procuraduría formuló pliego de cargos contra exgerente del Hospital Germán Vélez Gutiérrez del municipio de Betulia (Antioquia)
• Al parecer la investigada inobservó los requisitos y procedimientos mínimos en la celebración de 15 contratos de prestación de servicios y suministros, desconociendo los principios de transparencia, debido proceso, ética y responsabilidad.
La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra la señora Elizabeth Arias Vanegas, en su condición de gerente de la Empresa Social del Estado (ESE) Hospital Germán Vélez Gutiérrez del municipio de Betulia (Antioquia) para la época de los hechos, por presuntas irregularidades de tipo contractual y financiero detectadas durante la auditoría integral vigencia 2011 practicada por la Contraloría General de Antioquia.
De acuerdo con el material probatorio recopilado por la Procuraduría Provincial de Amagá, la investigada habría incumplido sus deberes por omitir los procedimientos contractuales referidos a la obligatoriedad para las entidades estatales de elaborar los respectivos estudios previos, de conveniencia y análisis de riesgos, en 15 contratos de prestación de servicios y suministros.
Para el ente de control la entonces gerente de la entidad hospitalaria habría violado, entre otras normas, el numeral 1º. del artículo 34 de la Ley 734 de 2002 que establece como deber para todo servidor público “Cumplir y hacer que se cumplan los deberes contenidos en la Constitución, los tratados de Derecho Internacional Humanitario, los demás ratificados por el Congreso, las leyes, los decretos, las ordenanzas, los acuerdos distritales y municipales, los estatutos de la entidad, los reglamentos y los manuales de funciones (…) los contratos de trabajo y las órdenes superiores emitidas por funcionario competente”.
La conducta desplegada por la señora Arias Vanegas fue calificada provisionalmente como grave cometida a título de culpa por considerar que con su actuar omisivo, posiblemente incumplió principios universales asociados al interés general y podría haber afectado la función pública que le fue encomendada.
En ejercicio del derecho a la defensa que le asiste, la exfuncionaria o su apoderado disponen de 10 días contados a partir de la notificación, para aportar o solicitar las pruebas que consideren pertinentes y conducentes.