Procuraduría formuló pliego de cargos por posibles anomalías en contrato de protección y control de la erosión costera en la subregión del golfo de Morrosquillo (Sucre)
La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra el exalcalde de Coveñas (Sucre), Cesar Augusto Serrano Romero, y a dos de sus secretarios de despacho, por posibles irregularidades en un contrato de obra pública que supera los 14 mil millones de pesos.
Se trata de los señores, Óscar David Fontalvo Abuchar y Náder Tomás Arteaga Benítez, en sus condiciones de secretario de Planeación, Obras Públicas y Saneamiento Básico y secretario de Hacienda, Tesorería y Presupuesto de Coveñas, respectivamente.
Los hechos están relacionados con un contrato celebrado el 28 de octubre de 2013 que tiene por objeto la construcción de “obras de protección y control de la erosión costera en la subregión del golfo de Morrosquillo en los cascos urbanos de los municipios de Santiago de Tolú y Coveñas, en Sucre”.
El pliego de cargos señala que el exmandatario celebró el citado contrato pese a que no habría obtenido previamente la licencia ambiental ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) para establecer el impacto ambiental del proyecto objeto del citado contrato.
Adicionalmente, el exalcalde habría ordenado el pago del anticipo correspondiente al 50% del valor del contrato, pese a que este no se podía ejecutar porque no tenía la licencia ambiental que era obligatoria en este caso para ejecutar las obras.
Se advierte además que el trámite administrativo para la obtención de la licencia ambiental lo inició la ANLA el 2 de diciembre de 2014, luego de que la Alcaldía de Coveñas complementara la información y entregara los últimos documentos que fueron requeridos por la propia autoridad ambiental el 24 de octubre de 2014.
De otra parte la Procuraduría cuestionó la conducta del señor Óscar Fontalvo, quien como supervisor del contrato omitió su deber de informar al municipio de Coveñas que el no contar previamente con la aludida licencia ambiental ponía en riesgo el cumplimiento del contrato. Por el contrario, el señor habría suscrito el acta de inicio a sabiendas de que este no podía ejecutarse.
Así mismo, no habría hecho el seguimiento técnico, administrativo, financiero y contable sobre la inversión del anticipo cancelado al contratista.
Por último, se profirió pliego de cargos contra el señor Náder Arteaga, quien habría cancelado el anticipo del 50% del valor del contrato sin tener en cuenta que no podía hacerse efectivo porque el contrato carecía de licencia ambiental, razón por lo cual las obras habrían sido suspendidas el 20 de febrero de 2014 y el contratista tuvo dichos dineros públicos por tiempo indefinido sin poder destinarlos a la ejecución del contrato.