Procuraduría hace llamado para que se construya política pública que atienda problemática de la reserva de biósfera del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina
La Procuraduría General de la Nación llamó la atención de autoridades nacionales, territoriales y ambientales con influencia en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, para que se considere la posibilidad de promover articuladamente la realización de una evaluación ambiental estratégica, de un documento CONPES o de cualquier otro instrumento de construcción de política pública que atienda la problemática ambiental, social y económica que hoy afronta esta región del país.
En comunicación dirigida al ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Frank Pearl; a la gobernadora del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Aury Guerrero Bowie; y a la directora general de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Elizabeth Taylor Jay; el procurador delegado para Asuntos Ambientales y Agrarios, Óscar Darío Amaya Navas, presentó las conclusiones de un estudio de carácter preventivo adelantado por este organismo de control, especialmente sobre la condición de “Reserva de Biosfera Seaflower” que ostenta el archipiélago, por reconocimiento otorgado en el 2000 de parte de la Unesco.
San Andrés es reserva de biósfera para el mundo
Las reservas de biósfera son zonas de ecosistemas terrestres o costeros que han recibido tal reconocimiento dentro del Programa sobre el Hombre y la Biosfera (MAB) de la Unesco. Tienen la función de promover y demostrar una relación equilibrada entre las poblaciones y la naturaleza y quedan bajo la soberanía de los estados donde están ubicadas.
El 10 de noviembre de 2000 la Unesco anunció que el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina había sido aceptado para ingresar al grupo de territorios en el mundo designados como reservas de biosfera. Se trató de una decisión muy particular por tratarse de una de las islas oceánicas más densamente pobladas del Caribe y con graves problemas ambientales. La declaratoria de reserva lleva implícita la reconsideración del modelo de desarrollo vigente en el archipiélago, las formas de ocupación del suelo y el aprovechamiento de los recursos.
Debilidades en materia ambiental
Preocupa al Ministerio Público que la condición de Reserva de Biosfera del Archipiélago está seriamente amenazada en sus componentes sociales, económicos y ambientales.
Se ha evidenciado que el modelo de gestión de residuos especiales y hospitalarios ha tenido serias dificultades durante los últimos años; que el sistema de acueducto carece todavía de una cobertura adecuada, y que el manejo de las aguas residuales y de los lodos extraídos en carrotanques presenta serios riesgos para la salud
Se ha advertido además sobreexplotación pesquera por parte de industriales y una carencia de control de las aguas en las que extranjeros extraen dicho recurso permanentemente.
En las zonas costeras y de bajamar se siguen realizando construcciones ilegales; no se detecta una estrategia de recuperación de zonas sensibles como manglares, bosques y humedales; la bahía se ha ido convirtiendo paulatinamente en un cementerio de embarcaciones con problemas judiciales y/o mecánicos, y la situación social del archipiélago, en general, se deteriora progresivamente.
En concepto del Ministerio Público, las circunstancias enunciadas están afectando seriamente la calidad de vida de la comunidad y de los ecosistemas que conforman la “Reserva de Biosfera Seaflower” y demandan acciones inmediatas y coordinadas de los entes del orden nacional y regional, en la perspectiva de apoyar la construcción de una adecuada estrategia social, económica y ambiental para esa importante región del país.