Procuraduría hizo un enérgico llamado a la Alcaldía de Cúcuta para que cumpla con "celeridad extrema" los compromisos asumidos para proteger los derechos de las víctimas del conflicto
Con el fin de evitar los actos revictimizantes de los que son objeto la población víctima del conflicto armado que reclama sus derechos a la verdad, justicia y reparación integral, la Procuraduría General de la Nación, a través de una misiva, hizo un enérgico llamado al mandatario Donamaris Ramírez-Paris Lobo, para que se abstenga de prorrogar nuevamente el plazo del convenio nro.909 de 2013 pactado inicialmente para el 31 de diciembre de 2013 y que ha sido modificado en cinco oportunidades.
En la comunicación la Procuraduría manifestó que en desarrollo de la actuación preventiva en la cual sometió a estudio el convenio 909 de 2013 suscrito entre la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, el departamento de Norte de Santander y el municipio de San José de Cúcuta, con el objeto de construir y dotar el Centro Regional para la Atención y Reparación a las Víctimas, evidenció el presunto incumplimiento de los compromisos a cargo del municipio de Cúcuta.
En este sentido señaló que como resultado la revisión a los otrosíes nros. 02, 03 y 04 adicionados al mencionado convenio, el ente disciplinario advirtió que los considerandos tienen como común denominador la solicitud de prórroga del plazo para culminar actividades pendientes en cabeza del municipio, lo cual ha conducido a que la entrega de la obra se dilate en detrimento de los derechos de la población víctima de la región.
Así mismo, el órgano de control hizo saber en el documento, que en la visita oficial realizada por Procuraduría Regional Norte de Santander al centro regional se evidenció que las instalaciones cuentan con servicios de luz y agua, vías de acceso y acometidas eléctricas, entre otros; y que se comprobó la existencia de elementos, algunos destinados a la población infantil, que por su inutilidad con el paso del tiempo conllevaría a su deterioro y obsolescencia.
Ante las circunstancias expuestas y en atención a las condiciones precarias en las cuales se presta asesoría y atención diariamente a la población víctima del conflicto en el municipio de Cúcuta, el Ministerio Público solicitó al alcalde “inyectarle celeridad extrema” a los compromisos asumidos por esta entidad pública.
Finalmente, de conformidad con las competencias asignadas a la Procuraduría General de la Nación de ejercer el control preventivo de la gestión administrativa, requirió al funcionario público responder las observaciones efectuadas al mencionado convenio y le recordó que por mandato constitucional las víctimas demandan atención preferencial de todos los niveles del Estado.