Procuraduría instó al Gobierno Nacional para que gestione una ley que permita hacer controles exhaustivos a las organizaciones operadoras de libranza

•Sugirió estudiar la viabilidad técnica y financiera de crear un nuevo registro o ampliar el Registro Único Nacional de Entidades Operadoras de Libranza (Runeol) 

 

Atendiendo la solicitud de acompañamiento preventivo de la Superintendencia de Sociedades y de los inversionistas afectados por la empresa Estrategias en Valores (Estraval) en proceso de la Procuraduría General de la Nación llamó la atención sobre la falta de control efectivo a la actividad de compra y venta de pagarés y exhortó al Gobierno Nacional a gestionar una ley que regule este tipo de empresas. 

 

Para el ente de control, se debe proteger al eslabón más débil de la cadena de libranzas y promover dicho proyecto que incluya todas las normas necesarias para la regulación de esta actividad, desde el deudor hasta el comprador, debido a que las dos partes son consumidores de los servicios ofertados por este mercado y ambos requieren la protección del Estado.

 

En carta dirigida al superintendente, Francisco Reyes Villamizar, el órgano de control aseguró que el Gobierno debería analizar la posibilidad de “(…) asignar la responsabilidad de la supervisión objetiva a una entidad que tenga afinidad con el  tipo de negocio desarrollado por las instituciones extrabancarias operadoras de libranza, con lo cual se debería facultar a dicha entidad para que ejerza la función de inspección, vigilancia y control”, sin importar el sector al que pertenezca y dando alcance a todas las líneas del negocio. 

 

En este sentido, la Procuraduría advirtió que la Superintendencia de Sociedades no podría tener la cobertura requerida para el ejercicio de dicho control, debido a que su alcance no llega a todas las organizaciones de la cadena, como es el caso de las entidades del sector solidario. 

 

Así mismo, precisó que “(…) si bien es cierto las medidas del Gobierno Nacional han estado orientadas a proteger al comprador de libranzas, estas no han contemplado de igual manera la protección de los deudores de las mismas”. 

 

Afirmó que existen entidades operadoras que presuntamente abusan de su posición dominante, estableciendo cuotas adicionales con intereses al límite de la tasa de usura y servicios obligatorios en la adquisición del crédito que encarecen el costo del préstamo.

 

 

La Procuraduría sugirió que se estudie la viabilidad técnica y financiera de crear un nuevo registro o ampliar el Registro Único Nacional de Entidades Operadoras de Libranza (Runeol) con el fin de que se inscriban todas las negociaciones desarrolladas con los pagarés-libranza desde su creación hasta su eliminación y se le asigne la responsabilidad a una entidad para que centralice, administre y custodie estos pagarés.

 

Sobre el caso de la Sociedad Estraval, la Procuraduría afirmó que según datos suministrados por la Superintendencia de Sociedades y los inversionistas de Estraval, la custodia de los pagarés está a cargo de la firma MTI, quien es la empresa responsable de la protección documental de los mismos. 

 

Advirtió que es necesario verificar “(…) la información presentada por los acreedores de Estraval en proceso de liquidación judicial, frente a los títulos valores custodiados por MTI, la legalidad y vigencia de todos los pagarés y documentos aportados”, con el fin de establecer si existió una posible captación ilegal.