Procuraduría le solicitó al Ministerio del Interior precisar cómo se ha previsto el proceso de reparación integral para las víctimas de las FARC que habitan en las que serían zonas de concentración
• Entre otros aspectos, este organismo de control requirió el estimado de la población víctima a reparar en cada zona y los planes de prevención y protección.
En desarrollo de su función preventiva y del seguimiento a la implementación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras (Ley 1448 de 2011), la Procuraduría General de la Nación le solicitó al Ministerio del Interior remitir el plan detallado que se ha previsto por parte del Gobierno Nacional para el proceso de reparación integral de las víctimas que habitan en las que serían las zonas de concentración donde se ubicarían los desmovilizados de las FARC en caso de un eventual acuerdo de paz.
En comunicación remitida al ministro Juan Fernando Cristo, el procurador delegado para el Apoyo a las Víctimas del Conflicto Armado y los Desmovilizados, Jaime Álvarez Galvis, solicitó que en el informe que se remita a este organismo de control se precise cuáles serían las zonas de concentración, el universo de la población desmovilizada que se pretende incorporar, así como el estimado de la población víctima a reparar en cada zona y los planes de prevención y protección.
De igual manera, requirió información específica sobre los recursos que serían destinados para llevar a cabo el plan de reparación integral por zona, el cronograma con las fases del proceso y el papel de las entidades del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral de Víctimas (SNARIV) en su implementación.
Participación de las víctimas
El procurador delegado recordó que de acuerdo al principio de participación efectiva para las víctimas, consagrado en la Ley 1448 del 2011, el Gobierno Nacional debe considerar la posición de las personas afectadas por el conflicto armado con respecto al proceso de reparación integral para las que habitan en las eventuales zonas de concentración, por lo que se deben implementar estrategias de diálogo, ya sea a través de las mesas departamentales o municipales de Participación Efectiva de Víctimas, o de algún mecanismo de consulta dirigido de manera específica a esta población, y en particular con las víctimas pertenecientes a las comunidades étnicas.