Procuraduría lidera acción preventiva por la protección de los derechos humanos de los indígenas en Pueblo Rico (Risaralda)
La Procuraduría General de la Nación, en cumplimiento de su función preventiva, se reunió con las autoridades policiales, administrativas y defensoras de derechos humanos de Risaralda con el propósito de proteger los derechos de las comunidades indígenas Emberá Katio y Embera Chamí, ubicadas en el municipio de Pueblo Rico, en ese departamento.
El Ministerio Público, teniendo en cuenta el informe de riesgos número 026-16 emitido para el municipio de Pueblo Rico, valoró los aspectos más graves que afectan la supervivencia física y cultural de los pueblos indígenas en ese territorio e inició la presente acción de control de gestión preventiva.
Algunos de los aspectos más relevantes del informe de riesgos señalan que hay amenazas en contra de los gobernadores mayores de los resguardos Emberá Katio, Gito Dokabú y Emberá Chamí; y, desplazamiento masivo de personas procedentes de la comunidad de Conodo, resguardo Tahamí del Alto Andágueda, en hechos del pasado 14 y 15 de julio, presuntamente en retaliación del grupo guerrillero ELN en contra de la comunidad por haber brindado ayuda a Diego Queragama, indígena del resguardo.
La función preventiva liderada por la Procuraduría Regional de Risaralda busca generar acciones claras e inmediatas por parte de las autoridades departamentales con el objetivo de garantizar la protección de los Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de las comunidades indígenas asentadas en Risaralda, establecer dispositivos de seguridad con el fin de salvaguardar la vida y el orden público de la población, y motivar las actuaciones por parte de la fuerza pública en pro de evitar la presencia de grupos armados ilegales en los resguardos unificados de Pueblo Rico.
La reunión llevada a cabo en las instalaciones de la Procuraduría Regional de Risaralda, en Pereira, contó con la participación de la Procuraduría Provincial de Pereira, el Departamento de Policía Risaralda, la Delegada para los Derechos Humanos de la Gobernación de Risaralda, representantes del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la Oficina de Derechos Humanos de Policía Risaralda, Personería Municipal de Pueblo Rico, Defensoría del Pueblo departamental y delegados de la Unidad de Reparación Integral a las Víctimas y de la Secretaria de Educación de Risaralda.