Procuraduría pide declarar estado de cosas inconstitucionales por crisis en La Guajira

• “Unificar las medidas que tanto el Gobierno Nacional como los entes territoriales deben adelantar para superar el estado de crisis que soporta la Gran Nación Wayúu”.
• “Las medidas implementadas hasta la fecha no están generando el impacto y los resultados esperados para brindar condiciones de seguridad alimentaria, salud, de acceso a agua potable con suficiencia y calidad”.
• “La problemática humanitaria en La Guajira persiste, entre otras cosas, por la poca capacidad de respuesta técnica, administrativa y financiera del ente territorial, específicamente en los temas relacionados con la infancia y la adolescencia”.

El Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, solicitó a la Corte Constitucional declarar el estado de cosas inconstitucionales por la crisis que afronta el departamento de La Guajira y pidió “(…) unificar las medidas que tanto el Gobierno Nacional como los entes territoriales deben adelantar para superar el estado de crisis que soporta la Gran Nación Wayúu”.

Carrillo Flórez advirtió que el Gobierno Nacional y los entes territoriales, “se desgastan innecesariamente en procura de atender las múltiples decisiones, así como en la preparación de los informes que cada uno de los jueces exige para comprobar el seguimiento sobre su cumplimiento”, y agregó que “las medidas implementadas hasta la fecha no están generando el impacto y los resultados esperados para brindar condiciones de seguridad alimentaria, salud, de acceso a agua potable con suficiencia y calidad”. 

El jefe del Ministerio Público considera que debe ser la Sala Plena de la Corte y no una de sus Salas de Revisión, la que asuma este caso y dicte la decisión que corresponde para que “(…) se adopten unas medidas diferenciales para la protección a corto, mediano y largo plazo del pueblo indígena”. 

Señaló además, que la problemática humanitaria en La Guajira persiste, entre otras cosas, por la poca capacidad de respuesta técnica, administrativa y financiera del ente territorial, específicamente en los temas relacionados con la infancia y la adolescencia.

El Procurador llamó la atención sobre las demoras en la expedición del Conpes de La Guajira que se anunció desde febrero de 2016, instrumento que entregaría los lineamientos sobre política de inversión en seguridad alimentaria, salud, educación, acceso al agua, saneamiento básico, fuentes de trabajo y vías de acceso.

Manifestó que es necesario que se restablezca la confianza entre la comunidad indígena y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) como rector del Sistema Nacional de Bienestar Familiar (SNBF), lo que implica un verdadero diálogo intercultural. Además, que sea el sistema de salud el que asuma la recuperación nutricional de la Primera Infancia por ser de su competencia.

El órgano de control evidenció que ha disminuido la atención en las unidades móviles del ICFB; que existe falta de compromiso de las Entidades Prestadoras de Salud, lo que ha impedido que el plan de vacunación no llegue a la meta nacional y de los entes territoriales que han permitido que la Atención Integral a la Primera Infancia no resulte efectiva. Además, no hay un sistema unificado de información que logre garantizar los derechos de esta población.  

A lo anterior se suman las deficiencias en la planeación, implementación y evaluación del Programa de Alimentación Escolar (PAE) y la ausencia de vías de acceso en el departamento, que a juicio del Ministerio Público, dificulta que las medidas que se adopten para superar la crisis humanitaria logren sus objetivos. 

En relación con el tema del acceso al agua, el Ministerio Público advirtió que no se evidencian avances significativos para lograr el suministro del líquido vital. En este sentido, solicitó revisar el tema de la represa de El Cercado, fuente de abastecimiento de la comunidad por solo cumplir uno de los fines para los cuales fue construida y revisar la responsabilidad que tiene el Cerrejón en los problemas de suministro de agua a la región. 

Finalmente, solicitó al alto tribunal pronunciarse sobre la vulneración del derecho a la educación de la niñez y la adolescencia del pueblo Wayúu porque “no existen las condiciones físicas que permita su disfrute real”.