Procuraduría presenta recomendaciones frente a implementación de la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas
La Procuraduría General de la Nación presentó un balance de la implementación de la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, el registro de víctimas y el estado en que quedó el programa de reparación individual por vía administrativa para las víctimas de los grupos armados organizados al margen de la Ley.
En cumplimiento de su función preventiva, el órgano de control analizó entre otros temas: los antecedentes de la ley de Víctimas y restitución de Tierras; el sector de inclusión Social y Reconciliación, la Unidad Administrativa para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas; la transición de Acción Social a esta Unidad, el registro de víctimas, la ayuda humanitaria, la reparación administrativa, el presupuesto y la nómina de la Unidad Administrativa Especial y las debilidades de la nueva institucionalidad.
Una vez analizados estos temas el Ministerio Público exhortó al gobierno Nacional a cumplir lo dispuesto en el Documento CONPES 3712 del 1º de diciembre de 2011, en concordancia con el artículo 19 de la Ley denominada de victimas por tratarse del paso inicial para la financiación y sostenibilidad de la citada ley.
Exhortó además al ejecutivo, y en especial al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, para que agilice los procedimientos de la aprobación del Programa Anual de Caja (PAC), sobre todo cuando se trate de temas tan neurálgicos como los que está manejando la Unidad Administrativa Especial, prioritariamente tratándose de lo que tiene que ver con las víctimas definidas en el artículo 3º de la Ley 1448 de 2011.
Así mismo, solicitó al Gobierno y en especial al Departamento Administrativo de la Prosperidad Social a seguir trabajando en el fortalecimiento del Sector de la Inclusión Social y la Reconciliación y de la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas y a dar pronta solución a la situación actual de la nómina de esta Unidad.
Adicionalmente, instó a estos organismos y a la Unidad Administrativa para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas a trabajar con suficiente agilidad y eficiencia en el cumplimiento de los establecido en la Ley de Víctimas, en el sentido de terminar de hacer los ajustes necesarios a las entidades que integran el Sector de la Inclusión Social y la Reconciliación, dentro del término señalado en la citada ley, y a poner al día la labor de evaluación de las solicitudes de inscripción en el Registro Único de Víctimas, con el propósito de cumplir con el término de 60 días hábiles para responder sobre el otorgamiento o la denegación de una solicitud de inscripción.
El Ministerio Público pidió a la Unidad Administrativa para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas a trabajar en la situación actual de los centros regionales de la misma entidad, con el propósito de dar respuesta real al alcance nacional de la normatividad sobre las víctimas así como a agilizar el procedimiento de expedición de los nuevos formularios para la inscripción de víctimas y a tramitar oportunamente las solicitudes de ayuda humanitaria.
Finalmente, invitó a este organismo para que adopte los correctivos necesarios para que no se continúe con las falencias presentadas con el programa de reparaciones administrativas, en aspectos tales como el estudio de las solicitudes de inscripción en el registro de víctimas, la solución a los derechos de petición elevados y a los recursos interpuestos, la contestación oportuna a las acciones de tutela interpuestas y la voluntad de acatar los fallos judiciales para evitar el inicio de procedimientos de desacato a los mismos.