Procuraduría presenta sus resultados en materia preventiva frente a la implementación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras

• El Ministerio Público anunció los retos para el Gobierno en materia de protección, atención, asistencia y reparación integral a las víctimas, que serán objeto de seguimiento por parte de la Procuraduría.

En el marco de la implementación de la Ley 1448 de 2011, denominada Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, la Procuraduría General de la Nación presentó los resultados de las acciones adelantadas para cumplir con las funciones que le asignó esta ley.

Con la entrada en vigencia de esta normatividad, el órgano de control creó el Comité de Atención, Asistencia, Restitución de Tierras y Reparación Integral a las Víctimas del Conflicto Armado Interno, la Unidad de Atención, Asistencia y Reparación Integral a Víctimas de la Violencia y las comisiones territoriales del Ministerio Público para la justicia transicional, para articular las acciones de las personerías y defensorías a nivel territorial. 

El procurador general nombró y posesionó al procurador delegado para la Restitución de Tierras, quien trabaja con los procuradores judiciales y asesores haciendo seguimiento preventivo a la Unidad de Restitución de Tierras e interviniendo como Ministerio Público en estos procesos. Esta dependencia cumple funciones en materia preventiva, de intervención administrativa y judicial.

Dentro de las acciones se destaca también la cumbre del Ministerio Público adelantada con gobernadores para la implementación de la Ley de Víctimas, un espacio donde 30 de las 32 gobernaciones se hicieron presentes y se comprometieron a implementar, actualizar y financiar los planes de acción territoriales de prevención, atención, asistencia y reparación a víctimas. 

Con respecto  a la implementación de la Ley 1448 de 2011 en el Distrito Capital, la Procuraduría adelantó reuniones con las entidades competentes en esta materia y el Gobierno Distrital adoptó diferentes medidas entre las que se destacan la incorporación al Plan de Desarrollo de los derechos de las víctimas como tema prioritario de la administración, se creó la Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación y creó la Comisión Distrital del Ministerio Público para la Justicia Transicional. 

Seguimiento al cumplimiento de la Ley 1448 de 2011

En cumplimiento de su labor de seguimiento a la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, la Procuraduría ha adelantado acciones puntuales:

- En materia de Coordinación de Atención y Asistencia a las víctimas del conflicto la Procuraduría ha brindado orientación en materia de acceso a las políticas públicas de atención, asistencia y reparación aproximadamente a 4.000 víctimas del conflicto armado  y ha adelantado un seguimiento y control preventivo a la implementación de la política de atención y reparación a las víctimas.

- El Grupo de Reparación Integral a las Víctimas  (GRIVV) culminó  varias acciones preventivas de seguimiento en esta materia, actuaciones para garantizar la no destrucción, alteración, falsificación, sustracción o modificación de los archivos administrativos que hablen sobre el conflicto en todas las instituciones oficiales del nivel regional y nacional.

Así mismo, adelantó diferentes actuaciones en materia de violencia sexual en el marco del conflicto armado e implementó dos proyectos que se constituyen en la base para realizar el seguimiento al cumplimiento de la Ley de manera técnica y sistemática.

- El Grupo de Desplazamiento Forzado implementa un piloto de indicadores para el seguimiento y evaluación del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, en materia de desplazamiento forzado, en el marco de la Ley 1448 de 2011.

Así mismo, se adelantan acciones preventivas en lo concerniente al diseño de los Planes de Acción Territorial (PAT) y en algunos procesos de retorno Apoyados por el programa “Familias en su Tierra”.

- El Grupo de Asuntos Étnicos y Minorías Sexuales participó activamente en los procesos encaminados a regular los derechos y garantías de las víctimas pertenecientes a los grupos étnicos, que concluyeron con la expedición de varios decretos que regulan lo atinente a las garantías de atención, integral, protección, reparación integral y restitución de derechos territoriales con base en los derechos humanos, fundamentales y colectivos de los grupos étnicos y sus integrantes.

- El Grupo de Políticas Públicas en DDHH y DIH trabaja activamente “velando por el cumplimiento de las disposiciones jurídicas vigentes, defendiendo los derechos de las víctimas y las personas involucradas en los procesos de reclamación y restitución de tierras”.   

- El Grupo de Asuntos Carcelarios y Penitenciarios se encarga de hacer seguimiento al proceso de toma de declaración en el formulario único de víctimas, a la población que se encuentre privada de la libertad en centros de reclusión, teniendo en cuenta que existen personas que no obstante haber cometido un delito y estar privadas de la libertad, han sufrido algún hecho victimizante consagrado en la ley de Víctimas y Restitución de Tierras.  
 

De otra parte, en relación con el acceso a la justicia para niños, niñas y adolescentes víctimas, la Procuraduría, a través de la Procuraduría Delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia y la Familia está en proceso de articular su participación con las otras entidades encargadas de garantizar el derecho a la justicia de niños, niñas y adolescentes.

Esta dependencia del Ministerio Público, en cumplimiento de sus funciones vigila el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales, “en los asuntos en los cuales se vean involucrados los intereses de los niños, las niñas, los adolescentes, los incapaces y la institución familiar”.

Acciones del Gobierno objeto de seguimiento por parte de la Procuraduría

La Procuraduría, en cumplimiento de sus competencias, hará seguimiento a los siguientes retos del Gobierno Nacional:

- Elaborar de manera definitiva, e iniciar su implementación, del protocolo de participación para las víctimas.
- Agilizar el proceso de designación de los representantes de las víctimas, de manera que pueda conformarse de manera formal la Comisión de Seguimiento y Monitoreo establecida en la Ley.
- Agilizar la elección de los líderes reclamantes de tierras.
- Cumplir el plazo legal de 60 días para dar respuesta a las solicitudes de inclusión en el Registro Único de Víctimas.
- Definir la manera como se articularán las indemnizaciones por vía administrativa con las indemnizaciones judiciales, de manera que se indique con claridad y transparencia a las víctimas a qué pueden aspirar.
- La protección de los líderes de las víctimas se constituirá en un medidor del cumplimiento de garantías de no repetición.
- El cumplimiento a las órdenes de la Corte Constitucional deberá alcanzarse en armonía con la debida coordinación entre la política pública generada dese la Sentencia T-025 de 2004 y las nuevas exigencias generadas vía Ley 1448 de 2011.
- El cumplimiento de la Ley 1448 no podrá entenderse sin la garantía del enfoque diferencial en materia de género y diversidad sexual y, especialmente, frente al cumplimiento a los Decretos Ley en materia étnica. Por tanto, se deberá enfatizar de manera especial en la atención y reparación integral de comunidades indígenas, afrodescendientes y Rrom.
- El Gobierno deberá facilitar y agilizar la recepción de formatos de declaración en los establecimientos carcelarios, de manera que se pueda garantizar la declaración de la población que así lo requiera. En ese sentido, el Gobierno deberá definir los formatos únicos de declaración individuales, colectivos y étnicos, de manera que las víctimas puedan tener certeza sobre la manera en que pueden acceder a las medidas de ley.
- La política de restitución de tierras, retornos y reubicaciones deberá tener en cuenta la necesidad de que dichas áreas se encuentren libres de sospecha de minas antipersonal.
- La reparación integral a las víctimas, en su dimensión material, deberá coordinar la política pública en materia de empleo, vivienda, seguridad alimentaria y restitución de tierras.
- Asegurar, por parte de la institucionalidad en su conjunto, la difusión de los informes e investigaciones relacionados con la memoria histórica del conflicto.
-  Agilizar la articulación con los programas presidenciales de atención a Población Indígena y Afro, para que las instituciones adelanten sus tareas de manera armónica y coordinada para evitar la duplicidad de esfuerzos y mantener una respuesta unificada de frente a las comunidades.
- El debido seguimiento a la labor de las entidades territoriales dependerá, en buena medida, de los planes de acción territoriales que se diseñen por las Gobernaciones y alcaldías, para lo cual la Procuraduría ha advertido sobre la manera necesidad de abordar de manera integral las medidas de atención, asistencia, reparación y protección.