Procuraduría presentó hallazgos preventivos de los 8 establecimientos carcelarios de Santander
• El órgano de control verificó el cumplimiento de aspectos esenciales para el mejoramiento integral de las condiciones de las personas privadas de la libertad y el goce efectivo de sus derechos constitucionales.
La Procuraduría General de la Nación presentó un informe detallado a las instituciones que conforman el Sistema Nacional Penitenciario y Carcelario de Santander, acerca de los hallazgos encontrados durante la vigencia 2016 en los ocho establecimientos penitenciarios y carcelarios del departamento, para que desde sus competencias constitucionales y legales, propendan por la adecuada consecución de los fines de la pena y las medidas de aseguramiento.
En desarrollo de la función preventiva asignada constitucionalmente, el órgano de control verificó el cumplimiento de aspectos esenciales como: hacinamiento, educación, trabajo, alimentación, trámites judiciales y/o administrativos, salud e infraestructura y guardia, para el mejoramiento integral de las condiciones de las personas privadas de la libertad y el goce efectivo de sus derechos constitucionales.
Resultados de la actuación
Concluida esta actuación preventiva la Procuraduría Regional de Santander determinó lo siguiente:
Hacinamiento: el departamento de Santander tiene capacidad para albergar 3.634 internos. Pese a lo anterior, en la actualidad hay 6.526 personas privadas de la libertad, lo cual genera un sobrecupo de 2.892, equivalente al 79.51%, siendo la Cárcel Modelo de Bucaramanga el establecimiento penitenciario de mediana seguridad y carcelario que presenta mayor hacinamiento, 209.51%. Por su parte, el establecimiento con menor cantidad de reclusos es la Penitenciaría de San Gil, donde se presenta un 0.76% de hacinamiento. Igualmente, debe precisarse que existen 2.685 personas con detención y prisión domiciliaria.
Educación: de las 6.526 personas privadas de la libertad en Santander, 2.035 se encuentran inscritas en programas educativos, es decir, solamente 31.18% de la población reclusa recibe algún tipo de formación pedagógica.
Alimentación: todos los establecimientos visitados cumplen con buenas condiciones en la manipulación, preparación y suministro de la alimentación a los internos.
Trámites judiciales y/o administrativos: existe un elevado número de investigaciones disciplinarias contra internos. La situación actual muestra posibles problemas de convivencia dentro de la comunidad, al parecer, las relaciones entre el personal de guardia y la población reclusa son conflictivas. Derechos de petición y salud son los dos temas más recurrentes en la presentación de acciones de tutelas.
Salud: la falta de profesionales especializados, de una adecuada red externa de atención, de personal de apoyo y vehículos para el traslado de los internos, ha propiciado que a la fecha exista un total de 1.220 órdenes médicas y exámenes especializados represados.
Infraestructura: en los centros penitenciarios que tienen sobrepoblación carcelaria es común encontrar las mismas deficiencias, las cuales, básicamente hacen referencia a la falta de espacio físico para la tenencia de las personas y, carencia de baterías sanitarias y duchas, espacios para recreación, talleres y adecuación de enfermerías, entre otros.
Guardia: el número total de guardias resulta insuficiente frente al número de población reclusa, muchos de ellos ejercen funciones administrativas y/o se encuentran con restricciones laborales, lo cual agudiza el problema.
El informe de la Procuraduría destaca que del número total de reclusos, solamente 687 personas se encuentran debidamente inscritas en programas de trabajo, cifra que equivale al 10.52%.